Azcón defiende la derogación de la Ley de Memoria pese a su suspensión cautelar por el Constitucional

El Gobierno de Aragón defiende la decisión de derogar la ley de Memoria Democrática amparándose en la «autonomía» de las Cortes de Aragón, pese a la suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional. Unas declaraciones por parte del Ejecutivo realizadas tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender este lunes la ley al admitir a trámite el recurso presentado por Pedro Sánchez, el pasado 28 de mayo, tras celebrarse el Consejo de Gobierno.

Un hecho ante la cual el Ejecutivo de Jorge Azcón ha manifestado su respeto por la resolución del Tribunal Constitucional, mientras ha expresado su convencimiento de que la derogación de la ley «es plenamente constitucional». «La derogación se tramitó desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas», han señalado.

Así mismo, han recordado que «la ley de derogación cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón», tras lo que han recalcado que «la suspensión de la ley de derogación es automática, pero que cabe petición de alzada contra dicha disposición suspensiva», lo que llevarán a cabo «de manera inmediata».

El Tribunal Constitucional y Aragón

El pleno del Constitucional ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo de Sánchez, que considera que la ley de la aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales, según ha informado el Tribunal en un comunicado.

La suspensión automática y temporal de la derogación de la Ley de Memoria Democrática se produce al haber invocado el Gobierno de Sánchez el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se contempla que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Es decir, en un plazo no superior a cinco meses, el Tribunal deberá manifestarse sobre dicha suspensión. Un hecho que el Ejecutivo del bipartito de PP y Vox han defendido desde el primer momento, teniendo en cuenta además que la derogación está avalada por el Consejo Consultivo. Pese a ello, la comunidad vuelve a tener vigente hasta un veredicto posterior, la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Ejecutivo socialista de Javier Lambán en 2018.

El informe del Consejo Consultivo

Vale la pena recordar los argumentos formulados por el Consejo Consultivo para valorar el posible nulo recorrido que tendrá la paralización de la derogación de dicha ley, puesto que además, hay que recordar que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia, sino que tiene marcha un plan en el que se contemple el concepto de víctima de una manera mucho más amplia, que abarque también las del terrorismo y, por ende, las de ETA.

El Consejo Consultivo expone que la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, «se ajusta a un amplio margen de opciones de política legislativa, dentro del marco constitucional, y prueba de ello es que no todas las comunidades autónomas tienen una ley de memoria democrática». Una opinión que contrarresta claramente al informe de los relatores de la ONU, que desató la discordia entre Aragón y Moncloa, precisamente porque la propia ONU no contrastó la información aportada por el Ejecutivo de Sánchez con las propias comunidades autónomas apeladas.

Además dicho informe del Consejo Consultivo aragonés añade que «la defensa y la garantía de los derechos de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista no exige una legislación autonómica propia, pero sí un deber de colaboración y protección de la Administración autonómica, conforme al artículo 10 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el cumplimiento de la Ley Estatal 20/2020, de 19 de octubre, de Memoria Democrática».

Precisamente por este motivo, hay que recordar que el Gobierno bipartito de PP y Vox, liderado por Jorge Azcón, rechazó acudir a la bilateral propuesta por el ministro de Vertebración Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Un plantón que Moncloa justificó como causa para recurrir la derogación.