El socialista Cabrera cambia su versión sobre la polémica del restaurante: ya admite que habló con la Policía

Nuevo capítulo de la historia del concejal socialista y teniente de alcalde de gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, sobre su polémica en el restaurante de la capital hispalense El Princi Pico. En este negocio, según admitieron los propios gestores a OKDIARIO Andalucía, Cabrera llegó a insultar a un camarero, al que presuntamente dedicó incluso palabras racistas y mandar una inspección policial sorpresa por el mero hecho de no obtener la mesa deseada. Pese a que en un primer instante negó haber hablado con la Policía, en una carta a la que ha tenido acceso este diario -dedicada al líder del PP en el Ayuntamiento sevillano- cambia la versión inicial y ya admite haber llamado a los agentes.

Según ha señalado en la misiva dedicada a Beltrán Pérez (PP Sevilla) el día seis de enero, «un familiar reservó en el Restaurante situado en el Parque de Los Príncipes, el Princi-Pico, una mesa para diez personas, entre las que me encontraba».

Los dueños del local, sin embargo, se negaron a ofrecer al concejal una mesa para diez comensales, pese a que ese día estaban permitidas las reuniones hasta ese número de personas. Sin embargo, según explica Cabrera, el restaurante había «preparado dos mesas, una para seis comensales y otra para cuatro».

Una vez se les negó la mesa, y tras una brusca discusión, según Cabrera, pidieron la hoja de reclamaciones. «El encargado del local no accedió a entregarla. En ningún momento me identifico como concejal. Son completamente falsas las acusaciones públicas en las que se dice que proferí presuntos insultos xenófobos, como el propio encargado del local aclaró públicamente días después del incidente ante el aluvión de mensajes que me acusaban en este sentido; es falso que exigiera unas condiciones de servicio forzando la normativa vigente para el 6 de enero; es absolutamente falsa la idea propagada de que el temor a las represalias impidiera al dueño del restaurante realizar declaraciones», afirma Cabrera en la carta dirigida al PP.

«Dadas las circunstancias, un familiar, por decisión espontánea y propia, quiso llamar a la Policía Local. Por error, llamó al 062 (Guardia Civil) en vez de al 092 (Policía Local). Desde la Guardia Civil atendieron la llamada y la desviaron al 112, desde donde, a su vez, redirigieron la denuncia tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local y al CECOP, atendiendo a las normas protocolarias previstas para este tipo de incidencias», reconoce ahora.

«En ningún caso di órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local, ni a la Policía Nacional, ni al CECOP, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido en relación con los incidentes acontecidos el 6 de enero de 2021 en el restaurante Princi-Pico», continúa Juan Carlos Cabrera.

Además, también admite en esta ocasión que, «entre las muchas conversaciones que a diario mantengo con el jefe de la policía, también ese día, comenté en una de ellas el desagradable incidente, después de que los hechos se hubieran producido, pero ni impartí instrucciones de ningún tipo, ni alenté ningún tipo de actuación, sino que fui completamente ajeno e incluso desconocedor de las actuaciones que la Policía Local decidió realizar como consecuencia de la denuncia telefónica que un familiar mío había decidido realizar», señala.

«Cuando la Policía llegó al local, ni mis familiares ni yo nos encontrábamos en él, pues nos habíamos marchado, razón por la que no se interpuso la denuncia formal en relación con el deber que tiene el restaurante de proporcionar el libro de reclamaciones», continúa Cabrera.

«Por la información que me trasladan, el patrullero acudió entre treinta y cuarenta minutos después de la llamada al 062. Durante todo el tiempo de la actuación sólo permanecieron en el restaurante dos agentes de policía. Igualmente, según me informan, mientras se desarrollaba la actividad, pasaron por el local dos parejas más, aunque no puedo confirmar este extremo de manera fehaciente puesto que no hubo actuación por su parte ni se formalizó documentación», subraya el concejal socialista.

«La actuación policial se desarrolló en todo momento de acuerdo con criterios técnicos de la Policía requiriendo al local aquella información y documentación que garantiza que el establecimiento cumple la normativa», continúa.