La gestión de José Luis Sanz en Sevilla bajo la sombra de nepotismo, enchufismo y opacidad

Prometer transparencia es fácil; cumplirla, no tanto. En los dos primeros años de mandato de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla, los discursos de regeneración institucional y limpieza política contrastan con una serie de decisiones y episodios que han despertado un profundo malestar social. El gobierno local del PP no sólo ha estado salpicado por la sospecha de nepotismo, sino que también ha protagonizado escándalos presupuestarios, recortes ideológicos y una opacidad que, según denuncian vecinos, oposición y expertos, vacía de contenido el discurso oficial de la transparencia.

Uno de los casos más comentados es el de Raquel Sanz Ruiz, hermana del propio alcalde, nombrada a finales de 2023 como jefa de negociado de Recursos Humanos del Real Alcázar. Aunque accedió al cargo tras superar un concurso-oposición convocado en 2022, la inclusión de su designación como «asunto urgente» en una junta de gobierno, y la rapidez con la que fue trasladada al nuevo puesto, generaron una fuerte controversia. El gobierno municipal insistió en que se trató de un proceso legal y abierto. Sin embargo, desde la oposición se habló de «promoción meteórica» y «favoritismo familiar», debido a la cercanía del cargo y el apellido.

José Luis Sanz considera que la elección de su hermana para una plaza de jefa de negociado en el Real Alcázar responde a un proceso selectivo que se inicia en 2022, «por lo que es imposible que este gobierno o yo mismo hayamos intervenido en el mismo para elegir a una persona concreta». En este sentido, explica que «nadie puede dudar de la profesionalidad del jefe de Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, Ignacio Pérez Royo, bajo cuya dirección se ha desarrollado este proceso selectivo, que reúne todas las garantías legales».

Pero la polémica no quedó ahí. En mayo de 2025, Cristina Díaz Cuesta, cuñada del alcalde, fue promovida a jefa de sección en la Gerencia de Urbanismo. El puesto, con un salario que supera los 80.000 euros anuales, fue obtenido también mediante un concurso interno, en el que sólo compitió con otra aspirante. Aunque Díaz Cuesta es funcionaria con más de 20 años de experiencia, los tiempos y las formas del ascenso levantaron nuevas críticas. La oposición habló abiertamente de «segundo caso de enchufismo» y acusó al alcalde de usar el Ayuntamiento como «agencia de colocación familiar».

Al respecto, desde el Ayuntamiento aseguran que «no hay ninguna irregularidad en la trayectoria profesional de esta persona. Ha ocupado una plaza creada en el 2016, que se quedó vacante y que ha conseguido en un proceso impecable y limpio, conforme a cómo se establece en el convenio colectivo de la GMU y con la participación del comité de empresa».

La postura es que «Cristina ha seguido un proceso de promoción equiparable a cualquier otro trabajador de la GMU en la que tiene 20 años de trayectoria, por lo que para nada ha sido una carrera meteórica», se defienden. La sombra de la duda, y del enchufismo, sin embargo, sigue sembrando críticas y serias dudas sobre la gestión municipal de un José Luis Sanz a quien, tal y como corroboran las encuestas, se le empieza a agotar el crédito que le otorgaron los sevillanos hace dos años.

Contratos menores

A esta sombra de nepotismo se suman los graves reproches de la oposición por el uso sistemático de contratos menores para eludir controles de fiscalización. Entre noviembre y diciembre de 2023, el Ayuntamiento adjudicó ocho contratos menores prácticamente idénticos para actividades navideñas, como espectáculos de nieve y globos, todos a la misma empresa, lo que según los críticos constituye un fraccionamiento intencionado. La Intervención municipal dio la razón a quienes denunciaban la irregularidad: consideró que había sido un expediente único dividido artificialmente para esquivar la obligación de licitación.

Este modus operandi ha generado inquietud entre juristas, plataformas ciudadanas y hasta antiguos aliados de Sanz, que consideran que se está trivializando el control financiero del Ayuntamiento. Pero la opacidad no termina en los números. Asociaciones vecinales denuncian que el gobierno municipal responde con silencio administrativo a solicitudes de información, y que ha cancelado reuniones previstas sobre proyectos en parques y viviendas.

Los recortes sociales, nombramientos casuales de familiares, adjudicaciones opacas y la exclusión ciudadana dibuja una suerte de red clientelar en la que la transparencia brilla por su ausencia. Y lo que es peor: esta red no parece responder a una estrategia de eficacia administrativa, sino a un patrón de poder.

José Luis Sanz, que llegó al poder prometiendo una gestión moderna, eficaz y participativa, tiene ante sí un escenario cada vez más cuestionado. Sus argumentos de legalidad formal en las contrataciones familiares, o su defensa de los contratos menores como herramientas de agilidad, no han servido para despejar las dudas. Al contrario: han alimentado la percepción de que bajo su mandato se está consolidando un sistema en el que los vínculos personales pesan más que el interés público, y en el que la fiscalización es vista como un estorbo y no como una garantía.

En definitiva, Sevilla vive hoy una paradoja: nunca se habló tanto de transparencia desde el poder, y nunca pareció estar tan lejos. La gestión de Sanz ha puesto de manifiesto que el nepotismo puede vestirse de legalidad, que los presupuestos pueden aprobarse sin consenso y que la participación ciudadana puede reducirse a puro decorado. La capital andaluza enfrenta un tiempo crucial para decidir si quiere un Ayuntamiento abierto o una oficina cerrada para unos pocos.