El PP-A denuncia más de 6.000 okupaciones y acusa a Sánchez de «ponerse de perfil ante esta lacra»

El Partido Popular Andaluz, que ya ha registrado en el Parlamento la iniciativa para que el Gobierno elabore una ley antiokupa, denuncia que en sólo dos años y medio se han okupado en la comunidad más de 6.000 viviendas gracias a la pasividad de Sánchez en este asunto.

Por ende, han iniciado una campaña para proteger la vulnerabilidad de la propiedad privada. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, planteará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la creación de una Fiscalía específica contra la okupación de viviendas.

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, ha anunciado este viernes que el PP ha registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa en la que insta al Gobierno central a elaborar una ley contra la okupación ilegal de viviendas que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada.

Martín, quien ha participado en Granada en la campaña de recogida de firmas que el Partido Popular ha emprendido a nivel nacional para lograr esta ley, ha resaltado que en Andalucía se han ocupado más de 6.100 viviendas en dos años y medio y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no actúe».

A su juicio, Sánchez «se pone de perfil» ante esta «lacra» «para no molestar a sus socios de Gobierno, porque Pablo Iglesias es el gran valedor del movimiento ‘okupa’ en España».

«Detrás de esta campaña está la protección de los derechos fundamentales y constitucionales, no puede ser que una persona invierta sus ahorros en un inmueble y esté desprotegido cuando alguien viene a darle la patada en la puerta», ha indicado el dirigente popular.

El PP reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan hacer desalojos ‘exprés’ de viviendas okupadas en 12 horas; el establecimiento de penas de prisión de uno a tres años para aquellos que okupen un inmueble de manera ilegal y con violencia; así como medidas también contra aquellos que instiguen a la okupación.

En este sentido, Toni Marín ha lamentado que en España «haya partidos políticos que inviten a que se okupen viviendas y ataquen a quienes presentamos campañas contra la okupación»; punto en el que ha resaltado que el PP pide también le inhabilitación para los cargos públicos que promuevan estos delitos.

Igualmente, ha explicado que el PP pide que se impida que quienes okupan una vivienda puedan empadronarse en ella, así como que las personas jurídicas, como las comunidades de vecinos colindantes a las viviendas ocupadas, puedan «iniciar también procedimientos legales al verse perjudicadas por la situación».

Por su parte, el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha animado a los granadinos a participar en esta campaña de recogida de firmas, adscrita al Plan Antiokupación que la formación impulsado a nivel nacional.

Ha defendido que, mediante la Proposición de Ley que el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados, la formación que lidera Pablo Casado pone sobre la mesa soluciones a este problema, que afecta a los municipios y a la capital granadina, que se viene incrementando de manera «preocupante» y que vulnera derechos amparados constitucionalmente como el derecho a la vivienda o la propiedad privada.

Datos de okupación en Granada

Rodríguez ha considerado que esta campaña es importante para «sensibilizar» a los granadinos sobre un problema que va en aumento, tanto a nivel nacional como en la provincia. Así, tomando como base los datos obtenidos de una respuesta parlamentaria al grupo popular en el Congreso, en la provincia de Granada en 2018 se produjeron 105 okupaciones ilegales y en 2019 la cifra se elevó hasta las 112.

Entre enero y junio del 2019, en Granada se registraron 49 okupaciones ilegales, mientras en el mismo periodo de 2020 se produjeron 60. Por ello, el dirigente provincial ha urgido a buscar soluciones efectivas a una cuestión que se viene incrementando «en lo que va de año un 20%» aproximadamente.

A juicio de Rodríguez «no siempre una casa vacía es sinónimo de alguien que tenga mucho dinero, puede ser que tenga una segunda residencia para la que ha estado toda la vida trabajando» o sea heredada por lo que ha remarcado la necesidad de blindar la propiedad privada.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su trabajo «ejemplar» ante la okupación ilegal y su cercanía a los vecinos.