Piden 8 años para el capitán y 5 para el teniente por las muertes en las maniobras de Cerro Muriano

El Fiscal Militar ha pedido ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años para el teniente Tato por las dos muertes ocurridas el 21 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), cuando una unidad del Ejército cruzaba un lago artificial y fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público imputa al capitán Zúñiga dos delitos contra la eficacia en el servicio, tipificados en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, al considerar que su actuación fue determinante en el desarrollo de unas maniobras que acabaron con el fallecimiento de los dos militares. Por estos hechos, el fiscal solicita una pena total de ocho años de cárcel.

En el caso del teniente Tato, el Fiscal Militar reclama una condena de cinco años de prisión, al atribuirle también dos delitos contra la eficacia en el servicio por su participación material y directa en las maniobras. En concreto, solicita dos años y seis meses de prisión por cada una de las muertes, tanto la del cabo Miguel Ángel Jiménez como la del soldado Carlos León.

El escrito de acusación detalla que los hechos se produjeron durante un ejercicio de instrucción que incluía el cruce de un lago artificial en el recinto militar de Cerro Muriano. Fue en el transcurso de esa maniobra cuando se produjeron las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de ambos militares, lo que dio lugar a la apertura de una investigación judicial en el ámbito de la jurisdicción militar.

Por el contrario, el Fiscal Militar no aprecia responsabilidad penal alguna en la conducta de otros mandos implicados en el dispositivo. En concreto, excluye de la acusación al teniente coronel Zanfaño y al comandante Velasco, al considerar que no existen indicios suficientes para imputarles delito alguno en relación con lo sucedido durante las maniobras.

Además de las penas de prisión solicitadas, el Ministerio Público fija la responsabilidad civil derivada de los hechos en el Ministerio de Defensa. En este sentido, reclama una indemnización conjunta que ronda los 422.000 euros para las familias de los dos militares fallecidos, en concepto de compensación por los daños causados.

La causa judicial continúa ahora su tramitación en el ámbito de la jurisdicción militar, a la espera de los siguientes pasos procesales tras la formulación del escrito de acusación, en un caso que ha tenido un fuerte impacto tanto en el Ejército como entre las familias de las víctimas.