Moreno reforma la normativa del PSOE y pone fin a las puertas giratorias de ex altos cargos en Andalucía

Ya es un hecho. El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos a favor del PP-A y Vox, el decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en caso de que vuelva a ejercer una actividad privada. La Junta recalcó que la normativa, que instauró el PSOE en 2005, tenía «brechas» y «vacíos legales», por lo que apostó por implantar el régimen de incompatibilidades «más exigente de España».

La convalidación, que busca poner fin a las puertas giratorias, ha contado con el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. Asimismo, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A y Vox, la tramitación como proyecto de ley del decreto ley, apoyada por los tres grupos de la izquierda.

Se trata del Decreto Ley 6/2024, que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 28 de mayo, y que ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha argumentado que esta iniciativa busca regular las «lagunas» de la norma vigente y corrige un «vacío» legal.

No obstante, el consejero ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para elaborar «desde el consenso» una nueva ley, ya sea tramitando el decreto como tal, elaborando un anteproyecto de ley desde la Junta o impulsando una proposición de ley desde la Cámara.

Durante su intervención en el Pleno, Nieto ha señalado que la Ley 3/2005, de 8 de abril, regula las incompatibilidades de los altos cargos de la Junta durante el ejercicio de éstos, pero también extiende sus efectos a los dos años posteriores al cese. Sin embargo, no se regula ningún procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administración sobre si la labor profesional que vaya a desarrollar en esos dos años se ajusta a la normativa de incompatibilidades, como sí lo hace cuando se está en el ejercicio del cargo.

Esto provocaba una «inseguridad jurídica» a quienes han ejercido cargo público sobre qué actividades pueden ejercer o no en los dos años posteriores a su cese, así como las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir al desconocer qué se puede hacer o a quién se le debe comunicar.

El titular de Función Pública ha apuntado que también generaba «incertidumbres» a las empresas privadas a la hora de contratar a una persona que durante los dos años anteriores había desempeñado un cargo en la Junta de Andalucía, lo que dificultaba «atraer talento» a la Administración autonómica.

Son circunstancias «de opacidad que hace unos años eran tolerables, pero que la sociedad de 2024 no tolera», ha apuntado. Además, Nieto ha defendido la decisión de regularlo vía decreto ley, si bien «no significa que sea la solución definitiva y completa».

Por ello, ha incidido en su disposición a elaborar una nueva ley «completa y consensuada» por el procedimiento que los grupos consideren «más adecuado, porque tiene que ser una norma de consenso». «Hay un vacío y una opacidad que tenemos que combatir en el menor tiempo posible», ha insistido, abogando por que sea una norma «clara, comprensible, con resortes rápidos y ágiles». En el Gobierno andaluz no existe «ningún miedo a ningún control, no tenemos nada que ocultar», ha remarcado.

Detalles del procedimiento

El decreto ley convalidado este miércoles prevé que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas -incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario- relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.

Además, durante los dos años posteriores al cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas. El texto aclara en qué supuestos se considera específicamente que existe esta relación directa.

Los ex altos cargos que pretendan realizar una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años siguientes a su cese deberán comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de Administración Pública y obtener una autorización. Los altos cargos que tras su cese reingresen antes de dos años en la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos a personas físicas o jurídicas de carácter privado también deberán obtener la autorización.

Además, el texto modifica también la Ley de Transparencia, ya que amplía la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones obligatoria para los altos cargos, de forma que no sólo deben presentarla y actualizarla mientras desempeñan el puesto, sino también tras su cese. Igualmente, deben informar de las resoluciones de autorización para desarrollar actividades privadas durante el desempeño del cargo y tras los dos años de su cese.

Críticas de la oposición

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha señalado que el referido decreto ley es «de corte cosmético» y constituye «otro parche» y una «chapuza jurídica» que se ha elaborado «tras saltar» a la opinión pública la noticia del eventual fichaje del ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán en Asisa, y que «no da la solución al problema con relación a las incompatibilidades que sigue viviendo el Gobierno de Moreno».

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha dicho que va a creer en la «buena voluntad» del consejero y va a darle «un voto de confianza», remarcando que «hay razones de urgencia» para modificar la Ley de Incompatibilidades a fin de solucionar la situación. En esa línea ha abogado por que se lleve al Parlamento «por la vía ordinaria una ley para solucionar las incompatibilidades de altos cargos».

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha defendido la necesidad de que el decreto ley se tramite como proyecto de ley, y ha reprochado a la Junta «confundir importancia con urgencia» por acudir a un decreto ley como «respuesta a un escándalo», en alusión al referido fichaje de Guzmán como director médico de una aseguradora privada. Gómez Jurado ha denunciado «la privatización como un trampolín para personajes que quieren hacer negocio con lo público», y ha lamentado la ausencia de «un informe que no conocemos» sobre la incompatibilidad de Guzmán como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

De su lado, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que el camino emprendido por la Junta obedece a que «les han cogido con las manos en la masa» y «con el carrito del helado». «La Ley de Incompatibilidades no funciona; hay que arreglarla. No tienen ningún interés en cambiar la ley. Se trata de legalizar las puertas giratorias. Intentan tomarnos el pelo», ha afeado al PP-A.

Por último, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha pedido a los grupos de la oposición que sean «más rigurosos» y partan de la premisa de que la regulación de los altos cargos es algo «complejo». Además, ha subrayado que «hace falta reformar» la ley porque es una norma «previa» al Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha rechazado las «lecciones» al respecto de los socialistas, que sólo le causan «risa».