Juicio a los acusados de tender una trampa a un ecologista escondiendo 47 gramos de cocaína en su coche

Siete años después de que el histórico ecologista andaluz Juan Clavero fuera detenido por narcotráfico al encontrar la Guardia Civil 47 gramos de cocaína en su furgoneta, el caso aterriza por fin en la Audiencia de Cádiz. Pero en el banquillo de los acusados no se sienta el activista, sino los cuatro acusados de introducir droga en su coche para tenderle una trampa y destruir su reputación. Clavero, líder de Ecologistas en Acción, encabezaba las reivindicaciones por el cierre de caminos públicos del Parque Natural Sierra de Grazalema.

La trampa se tendió el domingo 26 de agosto de 2017, cuando Ecologistas en Acción convocó una marcha reivindicativa en defensa de la apertura de los caminos públicos y vías pecuarias que atraviesan fincas privadas en el citado parque natural. A la cita se presentó un tal Manuel Alcaide, que decía pertenecer a la agrupación Ecologistas de Jerez, pero que nadie conocía.

Tras la protesta, pidió a Clavero si podía hacerle el favor de acercarle en su vehículo a un mesón de la localidad de El Bosque y, antes de despedirse, escondió en el coche una bolsa con 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís, cantidad suficiente para que Clavero fuera acusado de narcotráfico.

Una llamada anónima alertó después a la Guardia Civil de que la furgoneta del ecologista iba por un camino rural con droga en su interior. Unos agentes interceptaron el vehículo y Clavero pasó la noche en los calabozos.

Las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la Sociedad Breña del Agua Investments S. L. (del empresario belga Marnix Galle), la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural. Ecologistas en Acción acusa a la sociedad de cerrar caminos públicos y vías pecuarias.

Semanas después, tras una investigación de la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique acordó el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas contra el líder ecologista e imputó como presuntos autores de la trama a José Miguel Herrera, apoderado de la sociedad, a Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, capataces de las fincas propiedad de la misma, y a Manuel Alcaide, el hombre que presuntamente colocó la droga en el coche de Clavero. Además, Óscar González está acusado de llamar a la Guardia Civil para dar el chivatazo.

«La droga era mía, tenía una fiesta»

En el juicio, los procesados sólo han contestado a sus defensas: «La droga era mía y para mi consumo, para una fiesta que tenía después», ha declarado Alcaide, que ha negado que dejara la cocaína en el coche de forma premeditada, sino que se deshizo de ella porque escuchó que la Guardia Civil podría aparecer en cualquier momento.

Clavero, por su parte, ha relatado su versión de los hechos: «No hacía ni 200 metros que había dejado a Alcaide, al que yo hasta ese día no había visto en mi vida, cuando me pararon los guardias civiles. Me dijeron ‘bájate del coche’ y se pusieron a registrar. Sacaron una bolsa de debajo del asiento. Yo pregunté qué era eso y uno de ellos me dijo que era cocaína sin tan siquiera abrir la bolsa», ha afirmado, según la declaración recogida por Diario de Cádiz.

Clavero se ha mostrado «un poco harto», pues el juicio se celebra al tercer intento, tras dos suspensiones previas por «maniobras dilatorias de los acusados». Y ha sentenciado: «Espero que a ningún mafioso se le vuelva a ocurrir hacer una jugada tan sucia».

De su lado, la portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, Lola Yllescas, ha denunciado que todo se debió a «una burda trampa» para quitar a Clavero de en medio y anular su participación en aquella campaña.

Peticiones de la Fiscalía

La Fiscalía solicita a los cuatro acusados, como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, penas de un año y medio de cárcel, multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros a Clavero en concepto de daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments S. L.

Yllescas ha comentado a Europa Press su «desilusión» por la decisión del tribunal de la Sección Octava, que excluye así los delitos de provocación y conspiración para la detención ilegal y pertenencia a grupo criminal que solicitaba la acusación.

La portavoz andaluza de Ecologistas en Acción considera que las pruebas presentadas eran «contundentes» y confiaba en que se les impusiera a los acusados las penas que solicitaban desde su organización, es decir, siete años de cárcel y una multa de 21.600 euros para cada acusado, además de una indemnización de 50.000 euros a Clavero y 20.000 euros a Ecologistas en Acción por daños morales.