Investigan al ex número 2 del PSOE-A y a su familia por recibir ayudas irregulares de la Junta socialista

No ha pasado ni un día desde que María Jesús Montero dijera en su presentación como candidata a liderar al PSOE de Andalucía (PSOE-A) que las innumerables tramas de corrupción socialista en la comunidad eran una suerte de «noticias falsas», y ya hemos conocido en la mañana de este jueves varias nuevas condenas por el caso ERE… a las que ahora hay que sumar una nueva investigación nada más y nada menos que al que fuera vicesecretario del PSOE-A, Rafael Velasco, por la concesión de ayudas presuntamente irregulares desde la Junta socialista de Andalucía a una empresa a la que estaba vinculado.

Y es que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ingnacio Vilaplana, ha fijado nuevas fechas de comparecencias en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al «entramado empresarial» del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco.

El juez, así las cosas, ha emitido un auto de más de cien páginas en el que cita a declarar como investigados para el próximo 28 de enero a Velasco, su esposa, su hermano y dos cuñadas; acordando igualmente la prórroga de la instrucción y la comparecencia al día siguiente del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. 

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5», vinculada a Rafael Velasco.

Más citaciones

Para el 29 de enero estarían además citados como investigados Antonio Fernández, los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

Este último, según la investigación, «sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo».

Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un «certificado» sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una «certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005».

Justificación irregular

Así, la citada entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

«Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (…) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención», considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.