El ex contable de UGT-A admite facturas falsas y un «bote» para la financiación irregular del sindicato

El juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía en la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles con el testimonio de un antiguo contable del sindicato, que ha confirmado el «bote» destinado a la financiación irregular de la organización y las facturas millonarias extendidas por bienes o servicios «todavía» no servidos.

Recordemos que, en las sesiones previas, diferentes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la trama corrupta han ido desvelando la infraestructura documental y contable que sostuvo el fraude de UGT-A mediante pagos sin facturas, movimientos bancarios sin justificación y transferencias millonarias desde sus empresas y fundaciones satélites. Los fondos financiados por la Junta socialista de Andalucía, destinados inicialmente a impartir cursos de formación a parados y trabajadores, acabaron pagando sobresueldos y viajes al Caribe de los ex dirigentes sindicales. Se desviaron más de 40,75 millones de euros, según el juez de Instrucción nº 9 de Sevilla.

Esta jornada ha comparecido como testigo el otrora contable de UGT Andalucía, Francisco Mateos, que ha profundizado en la economía de la organización tras la declaración este martes de Roberto Alejandro Macías, ex trabajador del departamento de Compras de UGT-A que testificó que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el que se sufragaron gastos no imputables a las ayudas. Fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar en su día «información reservada y sensible» de la trama a los medios de comunicación y no a las autoridades policiales o judiciales.

En su comparecencia de este miércoles, el ex contable de UGT-A ha manifestado a preguntas del fiscal que él conocía la existencia del citado «bote», si bien lo ha enmarcado en el departamento de Compras del sindicato, precisando que él trabajaba en el de Contabilidad, donde no era conocido con ese término.

Mateos ha negado además que UGT-A mantuviese una «doble contabilidad», sino que convivían «dos realidades» en materia contable, en concreto el cierre anual de cuentas del sindicato a fecha de 31 de diciembre y el cierre de los programas subvencionados en meses como «abril u octubre». En este sentido, ha defendido la necesidad de realizar operaciones para «conciliar esa diferencia temporal» en el plano contable.

Además, ha confirmado que el sindicato trabajaba con facturas presentadas por los proveedores por bienes o servicios que «todavía» no habían sido «servidos». Las facturas se expedían sin albarán de entrega asociado para «justificar» gastos, generando así «un saldo a favor» de UGT-A por tratarse de facturas cargadas a programas subvencionados por la Junta socialista de Andalucía, a pesar de que la organización sindical contaba con un área expresa de Justificación. Pero «la facturación iba por un sitio y las entregas por otro», ha apuntado el antiguo contable.

Mateos también se ha referido a los rappels o descuentos aplicados por los proveedores al sindicato por los volúmenes de compras. Los investigadores sostienen que dichos descuentos, por contrataciones cargadas a programas subvencionados, no habrían sido comunicados a la Junta de Andalucía como ente pagador de las ayudas.

En este sentido, el ex contable de UGT-A ha explicado que los citados rappels eran aplicados por «la mayoría» de las empresas proveedoras, cada cual en un porcentaje «según el volumen» de contrataciones y su propio «margen» de maniobra. Además, ha confirmado que los descuentos no eran contabilizados a la hora de justificar el uso de los fondos recibidos ante el Gobierno andaluz. Según sus palabras, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, consideraba que tales descuentos suponían «una retribución por la buena gestión» de las ayudas.

Un fraude de 40.750.047,74 euros

En el banquillo de los acusados se sientan el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe Enrique Goicoechea, además de una decena de proveedores de confianza del sindicato. Los 15 están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Según el Juzgado de Instrucción nº 9, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», esto es, «la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado».

El juez instructor cifró el fraude en un total de 40.750.047,74 euros. Por si fuera poco, este lunes el Juzgado de Instrucción nº 6 hispalense procesó -otra vez- al ex director de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera por desviar 32 millones en ayudas autonómicas a Hitemasa, con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas como intermediario.