El ex alto cargo socialista Pérez-Sauquillo pide suspender otro juicio por dilapidar 2,2 millones

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles el juicio promovido contra el ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y dos acusados más por presunta prevaricación y malversación en los préstamos de dicha entidad, perteneciente entonces a la Junta socialista de Andalucía, a la empresa Astraea Astilleros. En esta pieza se investigan los préstamos concedidos presuntamente al margen de las «normas y procedimientos» regulatorios y sin «la más mínima diligencia» administrativa.

Al comienzo del juicio, en la fase de cuestiones previas, ha sido acordado retrasar al 24 de febrero la comparecencia del expresidente de Invercaria, mientras los dos restantes acusados lo harán el día 18. Además, la defensa de Pérez-Sauquillo, ejercida por el letrado Javier Vidal, ha reclamado la suspensión del juicio, por nulidad de las actuaciones por «indefensión», esgrimiendo que la causa no incluye los correos electrónicos intercambiados por su patrocinado con los técnicos de Invercaria y con miembros del consejo de administración de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, durante su etapa como presidente de la entidad entre 2005 y 2010.

La defensa alega que el propio Tribunal Supremo, en sus pronunciamientos sobre los recursos de casación contra sentencias de las piezas separadas de esta macrocausa, ha «llamado expresamente la atención» sobre la necesidad de contar con tales correos corporativos, para lo cual, «ante la negativa de Invercaria» a aportarlos, se han solicitado unan «prueba pericial informática» al objeto de recuperarlos, con lo que la defensa ha solicitado suspender la vista hasta contar con dicha prueba, petición que el tribunal resolverá en su sentencia.

La defensa también ha esgrimido un supuesto «cambio de criterio» de la Fiscalía, por acusar al expresidente en esta causa, y en otras tantas, pero haber pedido el sobreseimiento en piezas separadas como las de Kandor Graphics y Corporación Séneca.

Juicio

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el juicio se dirige contra el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, Juan Francisco S.G. por su papel de administrador de Astraea Astilleros y Antonio S.M. como otrora director gerente de InverJaén, entidad participada por la Diputación socialista jienense, las cajas de ahorro, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) y la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependía a su vez Invercaria.

La Fiscalía expone que en 2006, InverJaén, que ya participaba en Astraea Astilleros, ofreció a Invercaria sumarse a dicha empresa de Lopera, pero los análisis acometidos por los técnicos concluyeron con el aviso de la «falta de viabilidad» de que Invercaria participase en Astraea Astilleros, por aspectos como las deudas de la empresa, su resultado negativo o su situación patrimonial.

«Pese a tener conocimientos de esta información, sin ajustarse a la normativa y procedimientos para la adopción de decisiones de inversión de Invercaria, no contando con propuesta de inversión elaborada por los departamentos técnicos de la sociedad, sin observar las más mínimas cautelas y diligencia en la gestión de los fondos públicos, Tomás Pérez-Sauquillo Pérez, amparándose en las facultades de que disponía como presidente y consejero delegado de Invercaria, con el conocimiento y colaboración de los acusados Juan S.G. y Antonio S.M., en beneficio directo de la sociedad Astraea e indirecto de sus socios, tomó la decisión de conceder un préstamo de 150.000 euros a la entidad a sabiendas de la prácticamente nula capacidad de devolución de su importe con la información disponible», explica la Fiscalía, detallando un segundo préstamo por el mismo importe de 150.000 euros, ya en diciembre de 2006.

Desvío de fondos

Parte de los fondos, según la Fiscalía, fueron destinados no a inversiones de Astraea, sino a satisfacer dinero «un potencial socio» de la entidad «tras reclamaciones judiciales de éste», toda vez que en 2007 fueron acordados dos nuevos préstamos por importe de 30.000 y 10.000 euros, respectivamente; y ya en 2008 figuraría un préstamo más de 100.000 euros, entre otras operaciones descritas por el Ministerio Público, que aprecia un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con malversación continuada, reclamando para Pérez-Sauquillo seis años y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y para cada uno de los dos restantes acusados, tres año y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta.

El comienzo de este juicio está fijado para este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia, en un marco en el que en marzo de 2024, la Sección Primera suspendía un juicio previsto para abril de ese año contra Pérez-Sauquillo, por presuntas irregularidades detectadas en los más de 2,2 millones de euros concedidos por Invercaria a las sociedades Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización. Ello, según la Sección Primera de la Audiencia, dada «la documentación médica aportada» por la representación de Tomás Pérez-Sauquillo.

El estado de salud

Ya en mayo de 2023, recordémoslo, la Sección Cuarta de la Audiencia suspendía el juicio previsto por los préstamos participativos concedidos por Invercaria a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM), por valor de 1,18 millones de euros; tras alegar la defensa de Pérez-Sauquillo su ingreso en un centro hospitalario por dolencias relacionadas con el corazón y la próstata, por las cuales había sido intervenido quirúrgicamente.

En septiembre de 2023, además, la Sección Séptima de la Audiencia suspendía el juicio promovido por los fondos públicos concedidos por Invercaria a la empresa Servivation, afincada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), también a cuenta del estado de salud del expresidente de Invercaria.

Pérez-Sauquillo, recordémoslo, ha sido condenado anteriormente a diferentes penas de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, por los gastos de personal de la citada entidad dependiente de la Junta, por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.