Andalucía y otras tres comunidades presionan a Marlaska exigiendo más efectivos en Policía Adscrita

Los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón han remitido una carta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para exigir una reunión urgente, de carácter presencial, en la que abordar el aumento de efectivos en sus respectivas unidades de Policía Adscrita.

«Como ministro del Interior, sabes que la seguridad y servicios que prestan nuestras Policías en todo el territorio nacional alcanzan las mayores cuotas de valoración por parte de los españoles, y a ello contribuyen también estas unidades policiales de la Policía Nacional adscritas a nuestras comunidades, por lo que el que éstas cuenten con una dotación de efectivos suficiente es una urgente necesidad, ya que si no hay suficientes unidades policiales, los tiempos de respuesta ante emergencias pueden ser más largos, lo que puede poner en peligro la vida de las personas», se señala en la carta, fechada el 11 de diciembre, y que se ha dado a conocer este viernes.

La misiva está firmada por el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; el vicepresidente primero de Galicia y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso; la consejera valenciana de Justicia e Interior, Elisa María Núñez Sánchez; y la consejera de Presidencia, Interior y Cultura de Aragón, Tomasa Hernández Martín.

Los dirigentes autonómicos trasladan también a Marlaska que una inversión adecuada en seguridad pública puede ser beneficiosa para la sociedad en su conjunto, ya que puede reducir la delincuencia, aumentar la confianza en las autoridades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, y ante esta «situación tan preocupante», los consejeros solicitan al ministro mantener una reunión «de urgencia, de carácter presencial», para abordar ese aumento de efectivos en las unidades de Policía Adscrita, recordando que este cuerpo vienen funcionando de «forma satisfactoria para las comunidades autónomas, para el Estado y para los habitantes de estos territorios, donde su actuación y coordinación con el resto de cuerpos policiales son altamente valorados».

Asimismo, ponen de manifiesto que en el transcurso del tiempo, las comunidades y estas unidades policiales han ido aumentando de forma paulatina sus competencias y funciones, complementando en todo momento el trabajo que la Policía Nacional y Guardia Civil realizan en los territorios, descargando al mismo tiempo a estos cuerpos de tareas que vienen tradicionalmente asumiendo las unidades adscritas.

Los consejeros trasladan al ministro que todas estas unidades cuentan con un catálogo de puestos de trabajo que, si bien nunca se ha cubierto en su totalidad, se encuentran «en un momento en que la falta de efectivos de las mismas puede tener un impacto negativo en servicios que las unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, de menores, la competencia en el control de juego y protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales».

Alertan además de que la falta de presencia policial puede llevar «a un aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad en la población». «Por lo tanto, es importante que las autoridades tomemos medidas para garantizar una cantidad adecuada de unidades policiales en las áreas que lo necesiten, porque además se compromete muy seriamente no sólo el pleno ejercicio de sus funciones, sino también la necesaria colaboración y coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en nuestros territorios, además de ver mermados los servicios que necesitan y merecen nuestros vecinos», zanja la carta.

Relación de puestos de trabajo

El pasado martes, recordemos, el consejero andaluz Antonio Sanz calificó como «incomprensible e inaceptable» la actitud del Ministerio del Interior sobre la renovación del convenio para la Unidad de Policía Adscrita, apuntando que si no se firma «no se pueden sacar ofertas de empleo y, por tanto, no se pueden cubrir plazas».

Sanz solicitó la reunión con el Ministerio convencido de que esta reclamación «es un acto de justicia con Andalucía», y recordó que en estos momentos la Administración autonómica dispone de «casi el 50% de los efectivos en materia de Policía».

En este sentido, pidió «cumplir con la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Adscrita», que «debería tener más de 750 integrantes», aunque la aspiración la ha llevado a tener «más de 1.000 efectivos».