Andalucía moviliza 1.000 millones para paliar los efectos de la crisis del coronavirus

Andalucía ha movilizado un total de 1.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en la región y, además, apoyar a los empresarios, autónomos y pymes que tendrán que hacer frente a complicadas decisiones de carácter económico y estratégico con el fin de salvaguardar sus negocios.

Por ello, desde Andalucía se ha apostado por una cuota «cero» para los autónomos durante todo el estado de alarma impuesto por el Gobierno central. Esta es una de las medidas más demandadas por las patronales de empresarios, ya que desde el estado de alarma se ha frenado en seco la actividad económica y empresarial en todo el territorio nacional, con excepción de los supermercados, farmacias y estancos. 

Para brindar su apoyo a los empresarios andaluces, desde el Ejecutivo autonómico se han aprobado una serie de medidas de manera exprés con el fin de que nadie se quede fuera de juego durante esta inesperada crisis.

Medidas exprés para una situación excepcional

Por un lado, Andalucía ha aprobado líneas de crédito y avales para las pymes y autónomos por valor de 600 millones de euros y, por el otro, se ha aprobado un incremento de 9 millones de euros, hasta los 22 millones de euros, en la línea de ayudas a la Transformación Digital de las empresas para que implanten el teletrabajo.

También ha aprobado desde Andalucía tres meses de moratoria en impuestos de transmisiones, patrimonio y actos jurídicos documentados lo que permitirá, según los cálculos del Gobierno autonómico, que los andaluces dispongan de 270 millones de euros durante los tres meses señalados. Además, desde el Gobierno de la región han enviado un mensaje de tranquilidad a sus empresas proveedoras porque no van a suspender sus pagos.

Insta a Sánchez a aprobar un paquete de 43 medidas económicas

Además del paquete de iniciativas económicas extraordinarias para esta situación excepcional, desde el Ejecutivo andaluz han pedido a Pedro Sánchez la aprobación de un total de 43 medidas concretas con el fin de paliar la erosión financiera y económica del coronavirus que se puedan aplicar en todo el Estado.

Entre estos 43 puntos, que han sido ya enviados hasta La Moncloa, pedidos desde la Junta destaca la flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit tanto por aumento del gasto como por previsión de caída de ingresos, así como la creación de un Fondo de Contingencia con el importe necesario para las medidas a aplicar durante el período excepcional de la crisis.  También insta a Sánchez a bajar algunos impuestos como el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido o la reducción en impuestos básicos como la luz, el agua o las telecomunicaciones, entre otros.

Con respecto la devolución del IVA, desde la Junta piden que haya un adelanto de las devoluciones de IRPF, la bonificación del 100% de la cotización a la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos en las actividades congeladas por el coronavirus, así como la aprobación de un paquete de medidas durante un plazo de tres meses con el fin de dar cobertura a los empleados más vulnerables con la subvención de una parte de los costes laborales, ERTEs o la supresión de la carencia específica para el acceso a la prestación por desempleo.

Apoyar a la industria, apoyar a las personas

Han instado también al Ejecutivo la elaboración de un plan de choque para recuperar el turismo, una de las mayores industrias de nuestro país y con más peso en el PIB español, apoyando campañas turísticas de España como destino seguro tanto de la sanidad como de servicios públicos.

Han pedido, además, trasladar la necesidad de reforzar el personal de los Puestos de Inspección en Frontera para el control en Aduanas a fin de garantizar la emisión de certificados y que no se paralicen las exportaciones o pedir a la Unión Europea (UE) la ampliación de plazo para los controles de ayudas a la PAC y del PDR.

Desde el punto de vista social, desde la Junta han pedido a Sánchez la creación de un Fondo de Emergencia Social para poder atender a las situaciones críticas de carácter social que se están provocando como consecuencia de la suspensión de los recursos de atención a las personas mayores y/o alteraciones del entorno social y domiciliario de estas.

Piden también que las compañías de servicios sociales estén exentas de impuestos y que, además, una dotación económica para reforzar la contratación de personal en materia de Dependencia o el incremento del crédito del Prestaciones básicas de Servicios Sociales con el fin de mantener la Red de servicios sociales de atención primaria.