47 años de vigencia de la Constitución con el parteaguas del 11M

La conmemoración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución por el pueblo español mediante referéndum, ratificando por una clara mayoría el texto aprobado por las Cortes Generales en un clima de consenso y reconciliación, ha puesto de manifiesto la lejanía de la España actual respecto a aquella de 1978. No se trata sólo de la normal diferencia entre una y otra sociedad transcurridos 47 años, sino de constatar la gran diferencia existente entre los valores y principios de aquella respecto de la actual.

Valores éticos y morales y sociales sin duda, pero de manera destacada presentes en la vida política. Adolfo Suárez y Pedro Sánchez encarnan dos maneras de entender la vida pública que en 1978 se aceptaba por abrumadora mayoría que debía ejercerse en una Monarquía parlamentaria, organizada en un Estado social y democrático de Derecho.

Con una «clase política» que tenía conciencia clara de representar a españoles que deseaban dejar para la posteridad las «dos Españas» que se habían enfrentado en la Guerra Civil. El espíritu de reconciliación entre los representantes políticos del franquismo y de las izquierdas quedó grabado en numerosas escenas, como en la presentación de Santiago Carrillo como orador en el significativo Club Siglo XXI del momento, por parte de Manuel Fraga, ex ministro y destacado dirigente político con Franco. Aquel espíritu de reconciliación se plasmó en la Constitución del «Consenso y la Concordia» que fue mantenido en lo esencial hasta que el atentado terrorista del 11M provocó un giro violento en el mapa político nacional. No es el objeto de este artículo analizar ahora quién y porqué se provocó aquella tragedia, pero sus consecuencias fueron y son evidentes, al ganar las elecciones el PSOE con Zapatero de candidato. A quien hasta ese día, -a tres de las elecciones del domingo 14 de marzo de 2004- no había encuesta ninguna que le otorgara la más mínima posibilidad de vencer.

Aquellos tres días con la campaña electoral anulada, se convirtieron en un clamor contra el gobierno de Aznar, cual si hubiese sido el autor o responsable directo del atentado. Lo significativo es que el nuevo Gobierno trajo consigo una agenda política que tenía como eje central cuestiones que apenas habían estado presentes en la campaña. Y que representaban una ruptura en aspectos claves de la sociedad española, en ámbitos como el territorial, el ideológico y el moral de forma destacada. En el territorial, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que sentará las bases del proces; en el ideológico, con la ley de «memoria histórica» que significó una enmienda de totalidad al espíritu constitucional volviendo al enfrentamiento entre las «dos Españas», y en el moral con el aborto y la ideología de género. Reabriendo un debate con el aborto que desde 1985 y con Felipe González de presidente había quedado definido por el Tribunal Constitucional limitado a los tres supuestos de violación, etc.

En cuanto a la unión entre personas del mismo sexo considerada como matrimonio, ese debate no estaba presente en la agenda política previa al 11M. Si por «sus frutos los conoceréis» hay base suficiente para que quien quiera entender pueda hacerlo respecto a los autores intelectuales de aquella tragedia. La España surgida de aquel cambio político urdido en tinieblas, no parece adecuarse al de los terroristas yihadistas autores materiales de los mismos. Las dos legislaturas con Zapatero de presidente, interrumpidas en 2011 por la victoria del PP, han tenido su intensa reanudación con la llegada de Sánchez, quien, pese a cosechar las dos mayores derrotas del PSOE desde 1977, accedió a la Moncloa en 2018 con tan sólo 85 diputados.

Quien ha llevado al límite aquellos tres parteaguas señalados, con sus pactos con el separatismo catalán y vasco; su ley de la (ahora) memoria «democrática» redactada por Bildu, y con el aborto queriéndolo reconocer como un derecho fundamental en la Constitución. En cuanto a la ideología de género basta decir que es la única ideología que no puede ser criticada en una democracia parlamentaria por tratarse de un «delito de odio».

El común denominador de ese programa es promover la dilución de la identidad histórica y nacional de España y la división y el enfrentamiento entre los españoles creando muros entre ellos. Recuérdese aquel comentario captado de Zapatero, en plena campaña electoral de 2008 : «Nos conviene que haya tensión». Pues eso.