La Fundación IDIS se muestra frontalmente en contra de los nuevos gravámenes del Gobierno a la sanidad privada

Madrid UCI
Una UCI de un hospital.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) pide al Gobierno que reconsidere sus planes de gravar el IVA a la sanidad privada, tal y como está previsto en el borrador de Presupuestos que prepara el Gobierno. Cree, y así lo dicen en un comunicado, que se trata de «un ataque contra un sector generador de riqueza y que pone en jaque al sistema sanitario global, por el probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada».

También expone que la eliminación de los beneficios fiscales de la sanidad privada «va en contra de los criterios establecidos por la Unión Europea que contempla esa exención en la directiva 2006/112/CE -artículos 132 y 135». Asimismo, detallan en un comunicado, cree que «contradice el último informe de la AIREF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) que alerta de los perjuicios de eliminar dicha exención al IVA», ya que, tal y como estima este informe, aunque esta medida de entrada aumentaría la recaudación de las administraciones públicas, «generaría costes superiores a esos ingresos al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada, con lo que el resultado sería negativo para las arcas públicas». Según IDIS, esto «sería consecuencia del trasvase de pacientes que habría desde el sistema privado al obligar a soportar un impuesto añadido al precio del servicio sanitario o al importe de la prima del seguro».

Por otro lado, no esconde su sorpresa, una vez más, cuando se produce un planteamiento que, explica, «lejos de buscar intentar normalizar la colaboración entre sectores y crear soluciones para la mejora de la asistencia sanitaria en nuestro país, ataca indiscriminadamente a un sector que emplea en España a 269.515 profesionales, que está desempeñando un papel imprescindible durante la crisis de COVID-19 gracias a sus recursos (458 hospitales con 51.212 camas)».

Defienden también desde IDIS que se trata de un sector que genera riqueza porque, según detalla, «el gasto sanitario privado representa el 29,5% del gasto sanitario total y supone el 3,3% del PIB (esta cifra incluye el gasto destinado a conciertos que es del 0,7%). Esa colaboración, siempre necesaria, ha sido clave en momentos como la pandemia, un hecho que además ha sido ampliamente reconocido por la población».

Señalan que un total de 8,7 millones de personas tienen un seguro privado complementario en España, lo que implica un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada.

Pero, además, recuerda en el mismo documento, el sector privado lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. Por tanto, una medida como esta tendría un impacto muy relevante de sobrecarga asistencial y presión financiera al sistema.

Por otro lado, detallan, «implicaría un gran impacto en el sector hospitalario privado y podría verse comprometida su viabilidad con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto». Un dato a tener muy en cuenta, señalan, «especialmente en situaciones de crisis sanitaria y de incremento constante y sostenido de las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas, de consulta especializada y atención primaria que se encuentran ya en cifras inadmisibles dado el recrecimiento motivado por la pandemia por el Covid-19».

Y concluyen, además, que la colaboración entre sector público y privado en sanidad es indispensable para la supervivencia de ambos sectores, así como para la sostenibilidad y la solvencia del sistema de salud en general. Las consecuencias de que el sector sanitario privado reduzca su actividad debido a medidas como la mencionada, se darían tanto en el ámbito económico (habría que destinar más recursos a la sanidad pública perjudicando así su sostenibilidad, pero además la economía perdería aportación de uno de sus grandes contribuyentes) y en el ámbito asistencial, donde el SNS tendría que hacer frente a una sobrecarga muy importante reduciéndose así, como ya se ha dicho, la accesibilidad.

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