«Pedro Sánchez sigue sin dar explicaciones», comenta Javier Cárdenas en un nuevo programa de LevántateOK. Primero Koldo y Ábalos, luego Francina Armengol que, por cierto, tenía previsto participar en el acto inaugural del XI foro de economía, un evento organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá que se ha celebrado en las instalaciones del Parlamento. Pero la presidenta del Congreso no ha aparecido, ¿tendrá miedo?
Y es que hay mucho que explicar y el primero que tendría que dar explicaciones es Pedro Sánchez, que sigue callado. Pero el lío de las mascarillas seguirá sumando implicados, como el caso de Salvador Illa, que pagó 5 millones a un empresario barcelonés por unos guantes que nunca llegaron. El contrato se resolvió y el Estado español no recibió los 5 millones que pagó por los guantes. Además, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la denominada trama de Koldo.
Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir «una denuncia de un particular» y llevar a cabo «diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados». En total se investigan tres posibles delitos. Según ha indicado la Fiscalía Europea, para adoptar su decisión ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
«En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea», ha señalado. El organismo comunitario recuerda que es el «responsable de investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea». «Siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la Unión Europea, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea», reza la nota de prensa. Cabe recordar que en ambos casos los gobiernos autonómicos sufragaron dichos gastos con fondos comunitarios.
