Urkullu acelera la salida de los presos de ETA: concede 18 terceros grados en 5 meses

El año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió la competencia de prisiones al Gobierno Vasco, un movimiento que, como era de esperar, con el nacionalista Íñigo Urkullu de Lehendakari, ha acelerado la salida de los presos de ETA de las cárceles. En tan sólo cinco meses, 18 etarras han recibido el tercer grado, de acuerdo a los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Un ritmo de concesión de terceros grados que contrasta enormemente con el anterior a la transferencia de prisiones, cuando en cuatro años se materializaron 28, y que pone de manifiesto lo bien que le ha venido a los presos etarras que Sánchez se plegara a las exigencias del PNV y les haya dejado controlar las tres cárceles del País Vasco.

Los últimos etarras beneficiados han sido Xavier Atristain Gorosabel y Unai López Ocáriz, el primero condenado a 17 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia de armas y explosivos y, el segundo, condenado de 25 años por estragos, asociación ilícita y depósito de armas y municiones.

Atristain fue detenido hace poco más de un mes después de que el Tribunal Supremo rechazara su petición de revisar su condena tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, al no haberse motivado suficientemente la decisión judicial que le impidió designar a un abogado de su elección durante un interrogatorio policial.

Esa sentencia del TEDH ha sido recibido con agrado por parte del colectivo de presos etarras que consideran que podría abrir la puerta a acelerar excarcelaciones.

La salida de prisión de Atristain estaba prevista para abril del año 2028 pero, cuando apenas han pasado unas semanas desde que volviera a la prisión de Martutene (Guipúzcoa), el Gobierno Vasco ha procedido a concederle el tercer grado alegando «signos inequívocos de haberse desvinculado de cualquier fin o medio terrorista».

Los casos de Aristain y López son tan sólo los dos últimos de una serie de 18 terceros grados que el Gobierno Vasco ha concedido desde el pasado mes de febrero, cuando comenzó a darlos, de los cuales la Audiencia Nacional ha revocado dos.

El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, consideró que los etarras Gorka Martínez Ahedo, condenado por asesinato y por intentar matar en cinco ocasiones al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, y José Ignacio Bilbao Gaubeca, condenado por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos -hizo seguimientos para atentar también contra Atutxa y el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz- y por un delito de terrorismo cometido en el seno de organizaciones criminales, no podían recibir ese trato preferente por la falta de un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha revocado otros tres terceros grados desde octubre de 2021, en este caso otorgados a iniciativa de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior: Unai Fano, Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez. La Audiencia Nacional no apreció un «arrepentimiento expreso» de los delitos cometidos y del daño causado.

Desde colectivos de víctimas también han acogido con preocupación la reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo criterio de José Ricardo de Prada, de conceder un permiso de salida en contra del criterio del Juzgado Central de Vigilancia para el etarra Gorka Loran Lafourcade.

El magistrado, que en 2014 declaró que las penas de los condenados de la banda terrorista ETA eran demasiado “altas y desproporcionadas” argumentó que para los permisos el perdón «no es en absoluto un requisito legal».