Vocales de Podemos en el CGPJ

Dice la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que es “vital para nuestro país retomar el respeto a las instituciones” y aclara que para ella eso significa que se va a cumplir el acuerdo entre PSOE y Podemos para conformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluyendo a vocales propuestos por la formación ‘morada’. Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reconocido que aspiran a que Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y juez en excedencia, pueda ser vocal en el CGPJ, recalcando que es «una de nuestras candidatas preferidas».

Victoria Rosell fue elegida diputada en 2015 como cabeza de lista por Podemos en Las Palmas y volvió a salir reelegida en 2019, pero renunció al escaño en enero de 2020 para ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Se hizo famosa en 2016 por los ‘pollos’ que montaba cada vez que pasaba por el aeropuerto de Gran Canaria, donde pretendía que le permitieran hacer uso de unos privilegios que no le correspondían. Se enfadaba cuando no le dejaban utilizar la Sala de Autoridades y la liaba cuando la Guardia Civil le pedía que se identificase o sacara su ordenador personal de la maleta, como tiene que hacer todo hijo de vecino. ‘Tú no sabes quién soy yo’, era la frase que salía de su boca cada vez que un empleado del aeropuerto o alguna autoridad le impedía salirse con la suya. Con esos antecedentes, la podemita fue propuesta por su partido primero como ministra de Justicia, y más tarde como vocal del CGPJ, cargo que parece estar a punto de conseguir.

La Constitución española dice en su artículo 122 que los 20 miembros del CGPJ serán elegidos “12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos”. Es evidente que si los ‘padres’ de la Constitución hubieran querido que los 20 vocales fueran elegidos por el Congreso y el Senado no habrían redactado así este artículo. Por eso, la Ley Orgánica del CGPJ aprobada el 12 de enero de 1980, apenas unos meses después de la entrada en vigor de la Constitución, estableció en su artículo 12 que “los vocales del Consejo General de procedencia judicial (12) serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo”. Pero este método solo aguantó cinco años hasta que en 1985 el socialista Felipe González, viendo que una justicia independiente no se plegaba a sus deseos, lo cambió para que todos sus 20 miembros fueran nombrados por las Cortes.

Fue entonces cuando Alfonso Guerra anunció que “¡Montesquieu ha muerto!” porque se ponía fin a la idea defendida por el filósofo francés de que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes, lo que choca con la idea de la izquierda, que considera que no debe existir ningún poder ni control que quede fuera de su alcance. Desde entonces los partidos políticos se han venido repartiendo los asientos del CGPJ en base a sus correspondientes cuotas de poder. En 2001 un Aznar con mayoría absoluta pactó con el PSOE que las asociaciones de jueces propusieran a 36 candidatos entre los que las Cámaras elegirían a 12 vocales. Y en 2013 un Rajoy también con una mayoría absoluta conseguida con un programa electoral en el que se comprometió a volver al sistema de elección anterior a 1985, aprobó finalmente una nueva reforma contraria a su programa electoral de manera que los 20 vocales fueran designados directamente por el Parlamento, sin elecciones previas en la carrera judicial.

Partido Popular y PSOE se han venido repartiendo a los jueces sin escrúpulos hasta que Pedro Sánchez llegó al poder de la mano de los comunistas antisistema, los proetarras y los golpistas catalanes, de quienes depende y con los que se ha comprometido a repartirse la justicia, como repetidamente han anunciado los representantes de la extrema izquierda en el Gobierno. Es posible que los votantes del PP no vieran con muy buenos ojos que los nombramientos judiciales recayeran en personajes como Otegui, Puigdemont, Rufián o Echenique, declarados enemigos de nuestro régimen democrático. Por eso Pablo Casado aguantó durante cuatro largos años las presiones de toda la prensa de izquierda, negándose a renovar el CGPJ si no se cambiaba la forma de elección de los jueces. Pero ahora parece que Feijóo está negociando nombres, a cambio de que el PSOE se comprometa a cambiar en un futuro incierto la forma de elección de los jueces.

Podemos imaginarnos ya a la podemita Victoria Rosell entrando en la sala de reuniones del CGPJ y diciéndole al ujier que le abre la puerta: tú no sabes quién soy yo. Dice nuestra Constitución en su artículo 117 que “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Es imposible que nadie asocie la cualidad de independencia a una podemita que ha sido cabeza de lista de su partido en dos elecciones generales, diputada de Podemos y ahora ejerce en nombre de su partido como delegada del Gobierno contra la violencia de género. Lo próximo puede ser poner a Txapote del presidente del Tribunal Constitucional.