Vil y miserable

Vil y miserable

Álvaro Cano, uno de los sargentos de la Guardia Civil agredido en Alsasua en 2016 por proetarras, ha pedido formalmente el traslado de destino después de recibir una carta amenazante contra la integridad de su hija de un año y medio de edad. Han transcurrido más de dos años desde las brutales agresiones contra los agentes y sus parejas, sin embargo, y a tenor de este hecho, se sigue respirando esa violencia ideológica que tras la disolución de ETA creíamos olvidada y derrotada. Amedrentar a ciudadanos que cumplen con sus obligaciones cívicas y profesionales a través de la intimidación y la amenaza, tal y como hacen los agresores proetarras blanqueados desde las instituciones por EH Bildu, es de una vileza indescriptible que debería tener una respuesta inmediata desde el Gobierno.

No obstante, y a pesar de los hechos probados, todavía hay quienes defienden que el salvaje ataque en Alsasua fue una simple refriega de bar. Los hay que, incluso, niegan que en Navarra y País Vasco aún perviva esa atmósfera de rencor e intolerancia contra todo lo que procede del Estado español que, jamás lo olvidemos, dejó por el camino a más de 800 víctimas mortales. Una de la cuales, recuérdese, murió de manera sangrienta en esta misma localidad navarra. Sebastián Arroyo, un guardia civil que había abandonado el cuerpo y se ganaba la vida como operario en la fábrica alsasuana de Igartex, fue asesinado sin escrúpulos y a quemarropa por los pistoleros de ETA mientras regresaba a su casa junto a su esposa y sus cuatro hijos.

En ambos casos, aunque afortunadamente con dispares desenlaces, su único pecado es el de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por la integridad de todos. Es indigno que desde el entorno abertzale pidan prebendas para los etarras encarcelados, pero lo que resulta aún más bochornoso es que el Ejecutivo se las conceda, aun sabiendo que va en detrimento de la armonía democrática quebrada durante años por el terrorismo de ETA. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no debería obviar la gravedad de esta amenaza al sargento Cano y amparar de una manera efectiva a los agentes que están bajo la protección de su cartera. Sólo la determinación y la firmeza de las instituciones públicas contra los proetarras que no respetan ni la ley ni el marco constitucional serán capaces de cohesionar una sociedad que, a todas luces, aun sigue necesitada de sutura.

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