A ver si se entera Sánchez de que no hay dictaduras buenas y malas

Cada vez que el Gobierno socialcomunista tiene un problema, se saca de la chistera la memoria histórica y el franquismo, mantras con los que la izquierda pretende desviar la atención. Desde que en 2007 Zapatero aprobara la Ley de Memoria Histórica, la norma se ha utilizado como instrumento de distracción, porque aquí no se han exhumado a las víctimas del franquismo -nada de «dignificar a los muertos» como prometió el socialismo – y el único exhumado ha sido el dictador Francisco Franco. Ahora, el Ejecutivo se saca de la manga una reforma de la ley para ilegalizar la Fundación Franco, mientras gobierna gracias al apoyo de de sus socios comunistas, los golpistas de ERC y los proetarras de Bildu, que son mucho más dañiños para la democracia, por su influencia nociva sobre la convivencia y el Estado de Derecho. Sánchez es un hipócrita que se empeña en vender la falaz idea de que la única dictadura que representa un peligro es la franquista, cuando quienes son verdaderamente una amenaza son sus aliados naturales

El Ejecutivo socialcomunista permitirá al mismo tiempo que asociaciones que hacen apología del Frente Popular continúen con su actividad y además reciban subvenciones públicas, lo que demuestra su grado de sectarismo. De modo que la Fundación Largo Caballero -fundada en 1978 para ensalzar la figura del Lenin español, secretario general de UGT cuando se declaró la Guerra Civil y que tomó la decisión de armar a las milicias populares-; la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares; la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo seguirán sufragándose con el dinero de todos los españoles, al tiempo que la nueva ley anulará, por ejemplo, la sentencia contra Luis Companys, condenado a treinta años de prisión por la II República y luego fusilado por el franquismo. Companys  fue el responsable del asesinato de miles de personas, en su mayoría católicos.

El pasado más negro de la izquierda se blanquea y todo el objetivo se centra en condenar a la dictadura franquista, lo que revela que Sánchez distingue entre dictaduras buenas y malas por criterios de estricto sectarismo ideológico. En suma, la nueva Ley de Memoria Histórica es la ley del embudo socialcomunista: toda una manipulación de la historia con la que Pedro Sánchez pretende tapar su negligente gestión de la crisis.