La sociedad civil muestra músculo

Los días 8 y 9 de julio se celebró en Barcelona la Escuela de Verano 2022, que desde hace tres años organiza Societat Civil Catalana (SCC). El tema a debatir era La Neutralidad Institucional base de la Democracia y se había convocado a catedráticos, profesores universitarios, sindicatos emergentes de inequívoca vocación constitucionalista (SIMECAT, AMES), entidades cívicas (Impulso Ciudadano, Plataforma Universitaris per la Convivència, Consenso y Regeneración), profesionales del Derecho y politólogos, pero no aquellos de quita y pon en televisiones colonizadas sino los de verdad.

Entre los asistentes se encontraba Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, de quien no me pierdo sus artículos de opinión. Fue un inmenso placer el poder conocerla y escuchar su intervención en la ponencia inaugural.

Fiel a su principio fundacional de transversalidad, SCC quiso que estuvieran también presentes los líderes de los partidos constitucionalistas de Cataluña y mediante formato de entrevistas de cara al público desfilaron todos ellos: Salvador Illa (PSC), Carlos Carrizosa (Ciudadanos), Alejandro Fernández (PP) y Joan Garriga (portavoz de Vox). Debido al vínculo de Ciudadanos con Cataluña, también se citó a Edmundo Bal, su portavoz en el Congreso.

Acudir al formato de entrevistas personales era manera de evidenciar que se les invitaba para escuchar sus propuestas, pero al tiempo dejando claro que los debates ya eran una cuestión exclusiva de la sociedad civil. En el canal de youtube se pueden visualizar algunas de estas entrevistas.

Dos días de intensa actividad que contemplaban en su programa una mesa a propósito de La Apropiación Partidista del Espacio Público en España y que a mi modo de ver cabría considerar un acontecimiento significativo, al reunir entre los ponentes a los presidentes de SCC, SCV, SCN y SCB, es decir, que representantes de la sociedades civiles de Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares, entendidas como plataformas ciudadanas en defensa de los principios constitucionales por primera vez alzaban su voz en público y exponían los problemas -que son comunes- en las comunidades bilingües: la imposición de la inmersión lingüística y el ataque frontal al español, con el consiguiente despliegue de acciones para apropiarse del espacio público.

Debido a que el presidente de SCB Tomeu Berga no pudo estar presente, se me encomendó participar en la mesa como responsable de comunicación de Societat Civil Balear. No hubo representación del País Vasco ni de Galicia, porque todavía no han florecido unas plataformas hermanas, aunque seguro que acabará sucediendo. ¿He dicho hermanas? En efecto, lo somos, porque luchamos en la misma dirección: devolver la normalidad institucional a los respectivos territorios bilingües. Hice notar en mi intervención que el voto directamente separatista, en Cataluña, es inmensamente superior al que se registra en Baleares. Pese a ello la inmersión es absolutamente coincidente.

Pongamos los datos sobre la mesa. En las elecciones de 2019, las últimas, Més per Mallorca recogió el 9,21% de los votos, mientras Més per Menorca solo alcanzaba el 1,4%. ¿Cómo es posible entonces que nos impongan por decreto su voluntad? ¡Ah, claro! El PSIB-PSOE, como colaborador directo, y el PP, como el tonto útil. No olvidemos, la unanimidad, tanto en la Ley de Normalización del año 1986 como en el Decreto de Mínimos de 1997.

Precisamente, esta unanimidad es la treta empleada por toda la izquierda, ya sea directamente separatista o simplemente colaboracionista, para elevar a «cuestión de Estado» (palabras de Armengol) el consenso con la lengua. Treta, describe la RAE, es «el medio que se emplea con astucia y habilidad para conseguir una cosa y en el que hay oculto un engaño o una trampa».

Importa recordar que en el intermedio entre la Ley de Normalización y el Decreto de Mínimos, Joan March fue secretario general del PSIB-PSOE, entre 1991 y 1994. Con él, se rompe la línea socialdemócrata de la vieja guardia al imponer la corriente Socialismo y Autonomía que abre la puerta al regionalismo y consecuentemente a la defensa de posturas nacionalistas, alineándose por tanto con los postulados del PSC-PSOE en Cataluña.

La Ley, como el Decreto, perseguía normalizar el bilingüismo consagrado por la Constitución y el Estatuto, al tiempo que establecer los mínimos del uso de catalán y de castellano en la enseñanza. Esto es lo que disculparía el voto favorable del PP en primera instancia. Pero la astucia, y habilidad, de los separatistas de Més acabó arrastrando a una izquierda sin agallas para imponer el sentido común, que precisamente sí es sentido de Estado.

¿Por qué se aprueba el Decreto de Mínimos en 1997 con el PP en el poder?
Muy sencillo: en aquellos días se acababa de aprobar que la competencia en Educación era compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Baleares y, después de un breve periodo de transición, en 1999 Educación pasó a ser competencia exclusiva de Baleares. 1999, año electoral, Jaume Matas perderá la presidencia del Govern, dejando paso al primer Pacte de Progrés con Francesc Antich en el Consolat.

En aquel primer Govern de la progresía, el titular de la Conselleria de Educación fue el pesemero Damià Pons, que nada más aterrizar en su despacho se encontró con un caramelo: la aprobación del Real Decreto de Ampliación de Servicios, en Consejo de Ministros. La idea era dotar adecuadamente la competencia y en uno de sus apartados se contemplaba la incorporación de 900 nuevos profesores.

¿Quién iba a controlar este proceso? Pues el pesemero –hoy Més- Damià Pons. No hace falta explicar sus consecuencias: parasitar la educación, de manera que un partido minoritario con tan solo seis escaños de los 59 que forman el Parlament tuvo manos libres, precisamente para la apropiación partidista del espacio público. El tema de la mesa en la que participé.

Esta apropiación se encomendará al brazo armado de Més: el Moviment per l’Escola en Català, hegemónico en la enseñanza pública, consecuencia directa del pasito a pasito en el proceso de colonización de la enseñanza e iniciado hace 23 años. Un gobierno instalado en la sombra que neutraliza bajo amenazas cualquier acción que ponga en juego la inmersión, es decir, el negocio multimillonario que en realidad se esconde tras esta fachada.

Lo hicieron con éxito al aprobarse el TIL de José Ramón Bauza: la marcha de camisetas verdes que es una mancha en la honorabilidad de los docentes de la enseñanza pública, pero al mismo tiempo les vale como advertencia a quienes osen plantarle cara al Moviment per l’Escola en Català. Ni el PSIB se atreve a contrariarles, maquillando su claudicación en que los socialistas han pacificado el sector y acabado con la crispación creada por la derecha.
¡Manda huevos capitán, mi capitán!

La última perla en todo este proceso es la primera Llei d’Educació, que se aprobó a comienzos de año en el Parlament balear y que blinda el Decreto de Mínimos, más bien la inmersión total; una ley en la que ni se menciona el castellano en el texto por imposición expresa del Moviment per l’Escola en Català. Una Ley, manda cojones, que recibió Armengol afirmando nada menos que «hoy es un día histórico». ¿Para quién? Para Més desde luego.

Confiemos que en el nuevo rumbo que marcarán las elecciones de 2023 se derogue esta Ley, miserable, en realidad una práctica genuinamente nazi y abiertamente inconstitucional, hablando alto y claro. Quienes voten a PSIB-PSOE o Unidas Podemos y con hijos que desean escolarizar en un sistema bilingüe, que después no se quejen. Habrán pecado de ingenuos.

En Barcelona alucinaban cuando a los constitucionalistas les explicaba la situación creada en Baleares por el partido minoritario Més. Así pues, ya va siendo hora de que la sociedad civil muestre músculo.