Siguen sin vacunar a la Policía y a la Guardia Civil

A pesar de las quejas la pasada semana de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por la falta de vacunación en Cataluña de las fuerzas de seguridad nacionales, no se habían dado los pasos necesarios por parte de la Generalitat para corregir lo que a todas luces parecía una discriminación maliciosa. Ha sido necesaria la medida cautelar solicitada por los sindicatos policiales Jupol y Justicia Civil para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les haya instado a vacunar «sin dilaciones» y «sin excusa alguna» para alcanzar el objetivo de que en los próximos diez días se cuente con la misma proporción de agentes inmunizados que la de los Mossos de Esquadra y las policías locales. Naturalmente, esto ha suscitado la indignación del gobierno catalán que ha calificado de «ridícula» esa decisión de los jueces. El mismo Carles Puigdemont, aburrido del toque de queda bruselense y del poco caso que se le hace últimamente, ha visto una ocasión de oro para meter cizaña y terciar en la polémica con un tuit en el que asegura que «quienes agredieron ciudadanos al grito de ‘¡a por ellos!’ continúan privilegiados y protegidos por el sistema español «. Y en el que añade que «los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017». En el mismo sentido ha abundado Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública de la Generalitat, al sostener públicamente que esa vacunación restaba posibilidades a “los mayores de 70 años”.

Están que trinan por las interferencias a su afán de discriminar a quienes consideran algo así como una fuerza invasora del colonialismo español. Era de prever que esta falta de equidad en la campaña de vacunación levantaría ampollas. Últimamente, la desconfianza y malestar de las FFCCSE en Cataluña se ha visto incrementada. Ya tuvieron que aguantar recientemente declaraciones como las del epidemiólogo Oriol Mitjà, conocido por sus posturas independentistas, en las que afirmaba que “los policías y los criminales tienen la misma frecuencia de algunas alteraciones genéticas que predisponen a la violencia (como el síndrome XYY, supermacho)”. El trato injusto y discriminatorio del que han sido víctimas durante años ha hecho acrecentar las suspicacias, y si algo era mala idea y, desde luego, poco sensato diplomáticamente hablando, era que en esta campaña de vacunación la policía autonómica (Mossos d´esquadra) tuviera un trato manifiestamente preferente

Ciudadanos ha pedido estos días la dimisión de Josep Maria Argimon por considerar «indignante” que “haya puesto en la picota Policía Nacional y Guardia Civil». En la misma línea, su líder en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha anunciado que su partido ha pedido en el Congreso la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta por este desafortunado incidente. «El Gobierno de España también debe responder por su inactividad», ha manifestado.

Sin duda que debe responder. Y más en unos días en que a nivel nacional también ha habido malestar por el trato que están recibiendo las FFCCSE. Hemos tenido que lamentar la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Navarra. Esta vez bajo el gobierno de Pedro Sánchez, pero no olvidemos que lo mismo hizo Aznar en Cataluña en 2000. Así que nada que nos pueda sorprender o nos pille de nuevas. Pero en este país se venció el terrorismo a costa de muchas vidas, y desde ninguno de los gobiernos que hemos tenido hemos visto suficiente respeto por este potente nexo de unión entre todos los ciudadanos que representan unas fuerzas de seguridad que disfrutan del afecto y reconocimiento de la gran mayoría de ellos.