Si lo que pretende Marlaska lo hace el PP, la izquierda rodea La Moncloa

«Cuando se deje de prestar servicio por el disfrute de alguno de los permisos previstos en el artículo 28 del Real Decreto, o por situaciones de embarazo que impidan la prestación del servicio y la no disponibilidad abarque o supere el periodo de devengo mensual, se percibirá el 35% de la cuantía de productividad estructural correspondiente al mes que se iniciara la citada situación». El entrecomillado recoge de forma literal el nuevo Real Decreto sobre medidas laborales que prepara el ministerio de Fernando Grande-Marlaska. En esa circunstancia se incluye también, entre otros, a víctimas de violencia de género o del terrorismo.

Es decir, el ministro al que se le llena la boca de igualdad y feminismo; el ministro que presume de que el socialismo es garantía de avance en derechos sociales; el ministro que hace bandera de que este Gobierno lucha de forma permanente contra la discriminación por razón de sexo; el ministro que presume de impulsar nuevas medidas de orden político, social y de cambio de mentalidad para acabar con la situación de injusticia laboral que viven muchas mujeres trabajadoras, les va a bajar el complemento de productividad un 65% a las agentes de la Guardia Civil embarazadas que se acojan a un permiso.

Interior –o sea, Grande-Marlaska– prepara un Real Decreto y hasta tres órdenes ministeriales para detallar un reglamento que, según la AUGC, es una «auténtica involución de derechos». Desde esta asociación destacan, además, el agravio con respecto a la Policía, de forma que «un guardia civil va a trabajar dos meses más y va a cobrar menos que un policía nacional».

Entre los aspectos que denuncian está, por ejemplo, la desaparición de los incentivos para los trabajadores nocturnos, la posibilidad de introducir constantes cambios de servicio o el hecho de que, «quien esté de baja por un accidente laboral dejará de percibir la productividad que corresponde a su puesto de trabajo a los 12 meses de la baja». Otra de las novedades más importante es que, según el borrador, se anularán las vacaciones y asuntos propios en el País Vasco y Navarra.

Lo que propone el ministerio del muy progresista Grande-Marlaska supone, en definitiva, el mayor retroceso en los derechos sociolaborales de la Guardia Civil, ensañándose de manera muy particular con las agentes, privadas de golpe, por el hecho de quedarse embarazadas, de una parte sustancial de la productividad que venían percibiendo. Si lo hace un Gobierno de derechas, la izquierda, con el apoyo de sus terminades mediáticas, anima a rodear el palacio de La Moncloa. Lo ha hecho Grande-Marlaska, que cuando se trata de defender la igualdad de la mujer es un ministro muy pequeño.