Seguridad ¿Social?

Seguridad ¿Social?

Lo del escudo social es un sarcasmo. Los nuevos criterios de la Seguridad Social para determinar lo que se considera accidente de trabajo por motivo de contagio por Covid han excluido al personal sociosanitario ajeno a las funciones puramente médicas o de enfermería. De este modo, los celadores, administrativos o el personal de limpieza o de cocina han quedado fuera de la protección. Es decir, que personas de estos colectivos, obviamente expuestos al virus en virtud de su actividad, no obtienen la cobertura económica que otorga la consideración de «accidente de trabajo» cuando dan positivos al Covid-19.

La clave de esta discriminación se encuentra en los nuevos criterios de la Seguridad Social para calificar los accidentes de trabajo por Covid, que excluye a este personal de los centros sanitarios o sociosanitarios (residencias), sin excepciones. Asimismo quedan excluidos otros profesionales que prestan servicios sanitarios y sociosanitarios en otros ámbitos laborales. Se trata de los encargados de esas mismas funciones en centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención o ambulancias y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales.

Es sencillamente inexplicable que quienes prestan servicios sociosanitarios y están expuestos al virus en función de su trabajo merezcan el trato discriminatorio de la Seguridad Social. No se trata, en todo caso, del primer golpe regulado por el Gobierno frente a los mismos trabajadores a los que invitaba a aplaudir en plena primera ola del coronavirus. Con los datos recabados hace menos de dos semanas -y pese a la avalancha de contagios entre médicos, enfermeros, celadores, etc. por culpa de la falta de material de protección-, la Administración sólo ha permitido contabilizar como accidente laboral por Covid-19 un 2,4% de los contagios en el ámbito sanitario.

La consecuencia es que miles de trabajadores de la sanidad han perdido cobertura económica por el caos en la gestión de las bajas y la negativa inicial del Ejecutivo a aceptar que los contagios fuesen incluidos desde el primer momento y sin limitaciones como accidente laboral.

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