Sánchez vende la solidaridad a Junqueras

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles el nuevo modelo de financiación autonómica que Pedro Sánchez ha pactado exclusivamente con el indultado Oriol Junqueras, quien había sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación. La candidata del PSOE para las próximas elecciones andaluzas ha asegurado a los consejeros de Hacienda que lo acordado con ERC «blinda el Estado de bienestar, eleva la solidaridad interterritorial y reduce las diferencias en financiación por habitante», por lo que «beneficia a todas las comunidades autónomas» y no es para nada insolidario. A pesar de lo cual, el nuevo modelo de financiación ha sido rechazado por todas las comunidades, excepto por Cataluña, incluida Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page.

Los socialistas castellanomanchegos dicen que el nuevo modelo de financiación propuesto por Montero es «regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita». En la rueda de prensa posterior al CPFF, la ministra de Hacienda admitió que su sistema «tiende a la ordinalidad», pero no para todos, sino sólo para el caso de Cataluña, «pero no en el de Madrid». Este nuevo «principio de ordinalidad» exigido por Junqueras es un mecanismo que pone fin a la solidaridad interterritorial y que garantiza que la posición que ocupa una comunidad autónoma en el ranking de pago de impuestos sea la misma en la que esté colocada en la clasificación de recursos recibidos del Estado. A nivel de comunidades autónomas vendría a ser justo lo contrario del consagrado «principio de progresividad tributaria», que dice que cuanto más gane una persona, más impuestos le debe robar el Estado.

En realidad, las comunidades autónomas no pagan impuestos. María Jesús Montero propone cambiar los porcentajes del IRPF, IVA, impuestos especiales, Sucesiones, etc., cedidos a las comunidades; impuestos que, obviamente, son pagados por ciudadanos catalanes, madrileños, castellanomanchegos, etc. Y por el principio de progresividad los ciudadanos más ricos pagan más, luego las comunidades en las que viven más ricos recaudan más impuestos, al mismo tiempo que aquellas donde residen más pobres necesitan de la solidaridad de los que más tienen para prestarles unos servicios similares. Si saliera adelante el modelo pactado entre el socialista Pedro Sánchez y el golpista Oriol Junqueras, esto dejará de ser así; los ricos de Cataluña dejarán tirados a los pobres castellanomanchegos y se quedarán para ellos esos fondos que, hasta ahora, garantizaban que la progresividad fiscal paliara las necesidades de las regiones menos favorecidas.

La progresividad fiscal es un planteamiento socialista ampliamente aceptado, que debería ser sometido a revisión por injusto e ineficaz. Como dijo el filósofo y economista británico John Stuart Mill: «Gravar a las rentas más altas con un porcentaje mayor de impuestos que a las bajas es poner un castigo a gente por haber trabajado más duro y haber ahorrado más que sus vecinos». Suscribo plenamente la opinión del economista estadounidense Milton Friedman, quien afirmó que: «Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento que sea posible». Entre otras cosas, por lo afirmado por el también economista argentino-español Carlos Rodríguez Braun, quien dijo que: «La redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados». Pero los votantes de Sánchez y de Junqueras no son liberales, como yo, sino más rojos que el grifo de agua caliente, luego para ellos la progresividad y la solidaridad deberían ser dogmas de fe incontestables por los que oponerse a la prebenda que el grupo organizado por Puigdemont ha obtenido como chantaje a Pedro Sánchez. El principio de ordinalidad perjudica a los más pobres en beneficio exclusivamente de los 7 diputados de ERC y de un Sánchez que necesita comprar sus votos para aguantar unos meses más.