Sánchez, muy gallito con Canarias y de rodillas ante los separatistas catalanes

El Gobierno canario, abandonado a su suerte por el Ejecutivo de Pedro Sánchez -que ha hecho nada ante la presión migratoria que sufre el archipiélago- decidió aplicar un protocolo en su territorio para atender y garantizar la seguridad de los menores. Algo pleno de lógica que, sin embargo, ha llevado a la Fiscalía -¿De quién depende?- a investigar al Gobierno autonómico por la posible comisión de un delito de abandono si no acoge a los menas que llegan en patera a las costas Canarias. En realidad, lo que hizo el Ejecutivo canario es publicar un protocolo en el que se señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado, advirtiendo de que no los podrá aceptar en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada. Sin embargo, la Fiscalía de Pedro Sánchez defiende que la competencia en materia de protección de menores es «exclusiva» de la comunidad autónoma, con independencia de la situación en la que se encuentren.

O sea, que si el Gobierno se lava las manos y no identifica a los menores -algo que no está haciendo y es su obligación en virtud de un protocolo firmado hace diez años-, el problema se convierte en un asunto exclusivo de Canarias. Pero lo peor no es eso: dolido por el plan «contra el descontrol migratorio» acordado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez pretende instar al Gobierno canario a suspender dicho protocolo con la amenaza de presentar un recurso de competencias ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto de manera cautelar la medida. O sea, que estamos ante la aplicación de un artículo 155 encubierto. Así se las gasta el presidente del Gobierno. A los separatistas catalanes les pide perdón y les colma de prebendas y al Ejecutivo canario, además de dejarle solo en la lucha contra la inmigración irregular, lo conmina a plegarse a su voluntad vía ‘estacazo constitucional’. Está claro que para este Gobierno ni los españoles ni los territorios son iguales ante la ley.