Peinado pide todas las llamadas de la asesora de Begoña Gómez con los patrocinadores de la cátedra

El magistrado Juan Carlos Peinado ha reclamado todas las llamadas de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con los patrocinadores de la cátedra. Tanto las hechas como las recibidas por Álvarez desde el 16 de julio de 2018 -fecha en la que fue nombrada asesora de la mujer de Sánchez-, hasta el pasado 1 de julio, vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale, o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras.

Así lo ha dispuesto el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en una providencia dictada el pasado 1 de julio y conocida este viernes, en la que también pide «las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con» el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas.

El juez ordena a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargue del análisis de dichas llamadas, de las que luego dará parte al juzgado. Peinado intenta esclarecer si como sostiene Hazte Oír en su querella, la mujer de Sánchez se apropió de forma indebida del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en el que varias compañías invirtieron en 2022.

En su declaración como investigada el pasado diciembre, la esposa del presidente del Gobierno negó haberse apropiado de dicho software o haber cometido cualquier otra irregularidad.

«Plan delictivo» de Begoña Gómez

Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que Peinado investigue si Cristina Álvarez «se sobrepasó» en el desempeño de sus «funciones públicas» como asesora de Begoña Gómez «para favorecer el plan delictivo» de la mujer del presidente del Gobierno «en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».

El tribunal indica que «otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento».

Para la Audiencia, ello «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».

También ve indicios en el hecho de que Álvarez contactara con Reale Seguros «solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del master, lo que parece excede claramente sus funciones».

Pide al Supremo que investigue a Bolaños

El juez Peinado elevó la semana pasada una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que asuma la competencia para  investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el ‘caso Begoña’. La Fiscalía se ha opuesto, ahora la Sala de Admisión del Supremo debe decidir si sigue al Ministerio Público o accede a la petición de Peinado.

El ministro habría incurrido en falso testimonio durante su declaración como testigo el 16 de abril de 2025, cuando negó tener conocimiento sobre el nombramiento de Cristina Álvarez. La ley establece que la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destine a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurre en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.