La reputación del PP queda muy tocada

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel deja muy tocada la reputación del Partido Popular. Si bien la condena contra la propia formación no es especialmente dura desde el punto de vista técnico y cuantitativo —245.000 euros por beneficiarse de esta trama corrupta en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón— sí lo es desde el punto de vista cualitativo. Aunque los letrados de la formación de Génova 13 puedan recurrir —han anunciado que lo harán—, ya que la sentencia aún no es firme, les resultará muy difícil levantar la certeza delictiva que pesa ahora mismo sobre el partido. La parte nunca puede ser tomada por el todo, y en dicha formación la mayoría de los políticos son intachables, pero los populares, más si cabe ostentando el poder Ejecutivo en España, tendrán muy complicado que su imagen se desligue del fallo de este jueves.

Desgraciadamente para el país, durante los próximos días, en Europa no se hablará de la extraordinaria evolución económica de nuestra nación —gracias al trabajo de Rajoy y sus ministros— sino de este fallo, con el consiguiente menoscabo para nuestra reputación y fortaleza. Recordemos, además, que estamos a sólo un año de las elecciones locales, regionales y europeas de 2019. Esto complica mucho su futuro, incluida una posible reelección del propio Mariano Rajoy. Con una proyección de voto a la baja en las encuestas, esta sentencia también puede poner en riesgo los acuerdos con Ciudadanos. Un socio que ahora mismo es indispensable y que garantiza un Gobierno sin injerencias radicales. El problema del Partido Popular son también las sentencias a personas que tuvieron mucho peso dentro del propio partido. Sentencias que, por otra parte, han sido desproporcionadas.

Por mucho que quien delinca tenga que ser tratado de manera inapelable por la Justicia —como cualquier ciudadano—, no es menos cierto que los 51 años al empresario Francisco Correa, los 33 al extesorero Luis Bárcenas o los 15 a la mujer de este último, Rosalía Iglesias, resultan exagerados si los comparamos, por ejemplo, con la sentencia de un caso tan grave como el de La Manada. Así las cosas, habría que fijarse en la figura de José Ricardo de Prada. Juez decisivo en el caso, de marcada tendencia izquierdista y cercano a las tesis de ETA, llegó a participar en un foro del Ayuntamiento de Tolosa donde Iñigo Iruin, abogado de la banda terrorista, afirmó que los tribunales españoles no persiguen la tortura a los presos. Sin embargo, y más allá de la inherente politización que suele acompañar a estos casos, lo que resulta claro es que el Partido Popular no actuó bien. Esas irregularidades, ahora sí condenadas, le harán pagar un alto precio en reputación y, muy probablemente, también en votos.