El PSOE se ha rendido a los enemigos de la democracia

La cosa no es nueva, viene de los tiempos de Zapatero, ese secretario general del PSOE que inició un proceso de negociación política con ETA nada más llegar a la Secretaria General de su partido y que institucionalizó en cuanto llegó a la Presidencia del Gobierno de España.

La entrega del PSOE a los enemigos mortales de la democracia  comenzó cuando los socialistas capitaneados por Zapatero empezaron a llamar «hombres de paz» a los de Otegi y «traidores» a los socialistas que sostenían que según la sentencia del Supremo de 27 de marzo de 2003 Batasuna nunca podría legalizarse, no al menos mientras España siguiera siendo en Estado de Derecho:

 «Fallamos: 

Primero: Declaramos la ilegalidad de los partidos políticos demandados, esto es, de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y de Batasuna.

Segundo: Declaramos la disolución de dichos partidos políticos con los efectos previstos en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.

Tercero: Ordenamos la cancelación de sus respectivas inscripciones causadas en el Registro de Partidos Políticos.

Cuarto: Los expresados partidos políticos, cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez sea notificada la presente sentencia.

Quinto: Procédase a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en la forma que se establezca en el artículo, etc.”

La sentencia del Supremo era tan contundente que sólo podría ser superada por los edictos de la antigua Roma, aquellos en los que se ordenaba matar a todos los esclavos y animales del condenado, destruir su casa y sembrar sal en el solar para que no volviera a crecer en él la hierba.

La traición a la democracia comenzó cuando tantos “de los nuestros” comenzaron a plantear que la “legalización” de Batasuna era un “problema” de los demócratas y no una necesidad de los terroristas para rentabilizar sus crímenes e instalarse en las instituciones que con la sangre de los inocentes quisieron destruir.

Cuando el PSOE comenzó a dar forma institucional a la traición, era tanta la insistencia en legalizar Batasuna (su marca, lo que representa) que daba la impresión de que el propio ministro del Interior iba a escribirles unos estatutos para llevárselos a su sede sellados y firmados. Aún recuerdo (la memoria es un instrumento esencial para poner a cada cual ante su espejo) a los socialistas y periodistas de su secta defendiendo algunos párrafos de los presuntos estatutos de la nueva marca de ETA (estoy hablando de finales de 2010, principios de 2011, cuando los estatutos aún no habían sido presentados) con afirmaciones del tipo de “lo sentimos, pero la ley los ampara…”.

La traición a la democracia perpetrada por el PSOE comenzó cuando quisieron convencer a los españoles de que cuando hablaban de “legalizar” la marca de ETA, lo que querían decir es que era preciso que los votantes de esa formación política tuvieran un cauce legal para expresar su voto. ¿Alguien se atrevería a defender en la España de hoy (ni en la de entonces) que sería bueno legalizar un partido que defienda la pederastia, por ejemplo,  porque hay muchas personas que ‘simpatizan’ con esa práctica atroz y así tendrían la oportunidad de votarlos para que los representen en las instituciones?

La traición a la democracia encontró un aliado cuando el TC, en junio de 2012, revocó la decisión del Tribunal Supremo de marzo de 2011 de prohibir la inscripción de Sortu, la nueva marca de ETA, como partido político. No porque no fuera legal que el TC revocara esa decisión del Supremo (raro era, porque el TC se comportó como un tribunal de casación y revisó una sentencia del TS, algo que no le corresponde), sino porque a partir de ese momento tanto el PSOE como el PP (sí, también el PP, que entonces tenía mayoría absoluta) se negaron a utilizar otros mecanismos legales, justos y constitucionales que existían para revisar una decisión a todas luces contraria a la letra y al espíritu de la Ley de Partidos y de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en su sentencia de 30 de junio de 2009 -que mantenía la ilegalización de Batasuna acordada por los tribunales españoles-,  estableció lo siguiente en su párrafo 80:

«Los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y las tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión».

La traición del PSOE a la democracia la ha consumado Sánchez al convertir en socios de referencia a los herederos políticos de los asesinos de 857 españoles a los que ETA les arrebató su vida porque eran un obstáculo para que triunfara su modelo totalitario de sociedad. Si tienen alguna duda trasladen ese párrafo a los homenajes que hoy organizan los de Otegi a los asesinos que regresan a casa gracias al pacto que Sánchez suscribió con él y que Marlaska aplica con alborozo.

Hace mucho tiempo que escribí que sentía miedo ante las cesiones de Zapatero a ETA; miedo al comprobar que había mucha gente bien intencionada dispuesta a creer cualquier mentira siempre que la envuelvan en el celofán de la buena noticia; miedo de que personas curtidas en estos dramas extrajeran conclusiones morales sobre lo que había supuesto vivir bajo la amenaza permanente de ETA y no fueran capaces de extraer conclusiones políticas sobre las consecuencias de  maquillar lo que son sus herederos al acoger alborozados entre los demócratas a quienes siguen defendiendo la destrucción de la sociedad plural y democrática.

Los de Zapatero llamaron a Otegi “hombre de paz”. Sánchez ha ido más lejos al elegir a Bildu (cambia la marca, nunca el objetivo) como socio prioritario del Gobierno de España y al considerar a Otegi un “hombre de Estado”. Para comprobar la verdadera dimensión de la traición de Sánchez y del PSOE a la democracia, basta con releer algunas de las entrevistas de Otegi (“Nunca he dejado de negociar con el PSOE”) y ponerlas en relación con las declaraciones del ministro Iceta al entregar las cárceles al PNV para que sea el recogenueces quien suelte a los terroristas: “Se ha cancelado una deuda”. Sánchez ha saldado su deuda con los enemigos mortales de la democracia lavando su imagen, borrando su historia de terror y acercando al País Vasco a los 192 terroristas aún encarcelados a pesar de que ninguno de ellos ha colaborado con la justicia y a pesar de que hay más de trescientos crímenes de ETA que aún no han sido juzgados.

Zapatero quiso convencer a los españoles de que “legalizar” a los herederos de ETA era una necesidad de los demócratas; Sánchez ha ido, también en esto, más lejos que su predecesor en traiciones y pretende que creamos que la democracia tenía una deuda con ETA. Me pregunto qué más tiene que ocurrir para que salgamos a la calle para denunciar tanta indignidad.