PSOE, ‘quo vadis’?

Todos sabemos el alto precio que el PSOE ha pagado por componer su actual armazón de poder, sostenido por incontables traiciones a sus electores, incesantes mentiras a todos los españoles e infinitas reverencias serviles a socios que no tardan en humillarlos después de forzarles a la enésima claudicación. Y ello sin poder aprobar los presupuestos del Estado ni sacar adelante otra ley que no sea la misma con la que les esclaviza Puigdemont.

Los españoles están descubriendo que el PSOE engendrado por Sánchez es una criatura que se parece cada vez más a los socios del Frankenstein que ayudaron a concebirla. Tanto es así que su actitud es hoy la que sus socios radicales y ultranacionalistas despliegan para socavar la convivencia y la democracia en el País Vasco y en Cataluña.

Los aliados que dieron vida al poder de la banda del Peugeot han ido aportando al PSOE esa nueva caracterización de partido atrincherado, en permanente estado de alerta antifascista, con la hormigonera expulsando fango sin tregua para levantar un muro frente al adversario, y dispuesto fanáticamente a deslegitimar a los jueces, a la prensa y a toda opción política que desafíe su poder como alternativa.

En esta operación de demonización del constitucionalismo a que el sanchismo se ha entregado, el olvido desempeña un papel trascendental. Es muy llamativo que quien asegura en el preámbulo de su Ley de Memoria Democrática que hay que establecer «el deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política», esté empeñado en borrar la criminal masacre de más de 800 españoles a manos de ETA, cuyos verdugos son elevados a los altares electorales en las listas de sus aliados de Bildu.

No menos perplejidad produce que en esa misma ley, al dictado de la coalición proetarra, se blanqueen los años de plomo de la banda, estirando el franquismo hasta 1983, un año después de la primera victoria del PSOE en democracia. Para eso hay que tener tragaderas, y el sanchismo las tiene insondables, sobre todo cuando apruebas una ley contra la dictadura en la que tus socios te fuerzan a reconocer que formabas parte de ella.

A esta amnesia sobre la violencia etarra se ha sumado desde la semana pasada la amnistía de los actos de violencia del procés en Cataluña, investigados por terrorismo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que arrojaron un balance de más de 600 policías, guardias civiles y mossos heridos. Tres de estos agentes, dos policías y un mosso, han quedado incapacitados de por vida tras las gravísimas lesiones sufridas a manos de los violentos independentistas.

Sánchez está definiendo un tipo de violencia perdonable, la que beneficia no sólo a los fines políticos de sus socios, sino también a los de su partido por la vía de garantizar su poder mediante ese mismo perdón a cambio de siete votos. La posibilidad de que pueda asentarse esta discriminación sobre la violencia política evoca por su escalofriante similitud la historia de las amnistías de parte que cruzan el primer tercio de nuestro siglo XX.

Como bien señala el profesor Roberto Villa en el último número de los Cuadernos de FAES, la amnistía como expresión de la justicia al revés, en que los que violentaron el orden constitucional son premiados y reconocidos, y los que lo defendieron, recriminados y deslegitimados, terminó por dinamitar la confianza de unos y otros en el imperio de la ley con el colofón siniestro de la Guerra Civil.

Claves en este proceso fueron las amnistías de la Segunda República. La primera, la de 1931, a favor de quienes se alzaron contra el régimen monárquico, mientras se exigían responsabilidades políticas a quienes ejercieron cargos bajo Alfonso XIII, incluido el mismo Rey. Sin esta asimetría, según el profesor Villa, no se entendería la amnistía de 1934, promovida por la derecha, en beneficio de anarquistas insurrectos, colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera o participantes en el golpe de Sanjurjo.

El cuadro lo completó la tercera amnistía, la más grave de todas, anticipada en la de 1931: la de febrero de 1936, que fue el principal reclamo electoral del Frente Popular, del que formaba parte el PSOE, en beneficio de los condenados por su implicación en el golpe revolucionario de octubre de 1934, que arrojó un balance de más de mil muertos en toda España.

El que la amnesia o la amnistía de las violencias políticas de sus socios se destile en las retortas de Ferraz como un ingrediente clave del elixir de la eterna permanencia en La Moncloa, nos devuelve la imagen de un PSOE que vuelve por sus fueros reflejado en los espejos trágicos de las amnistías en aquellos años de nuestro mayor cataclismo nacional.

Es muy grave que los dirigentes socialistas consideren moralmente justificable borrar estas violencias contra nuestro Estado de Derecho, a pesar de que provocaron mediante el miedo y la amenaza, aún hoy más que latentes en ambas regiones, una profunda desvirtuación del paisaje político y electoral en País Vasco y Cataluña, siempre en provecho de las siglas que hoy le conceden su apoyo para gobernar.

¿A dónde puede llegar la actual comunidad de intereses entre quienes no han dudado en utilizar la violencia para sus fines políticos y quienes han decretado la amnesia o la amnistía de esos graves delitos para beneficiarse de ello a la hora de prolongar su estancia en el poder?

¿Acaso el punto de llegada será aquel en el que la violencia política pueda considerarse legítima y justificable en un futuro, una vez cursados los actuales expedientes de amnesia y de amnistía, visto que años más tarde podrá ser sometida de nuevo a blanqueamiento y cancelación?

El PSOE aspira a que el proceso mediante el cual destila la impunidad y el olvido de los atentados terroristas, la quiebra de la ley, el vandalismo y el odio promovidos por sus socios produzca un bebedizo que le haga políticamente inmortal.

¿Cómo puede conseguirlo? Logrando extender en los posibles electores de la derecha en toda España el temor de que la violencia se desencadene de nuevo, en el País Vasco y Cataluña, si su opción política alcanza la mayoría suficiente para gobernar.

El PSOE debería hacerse esta pregunta todo lo seria y responsablemente que pueda: ¿es esta coacción generalizada al conjunto de los españoles la finalidad real que persigue con la extensión del procés a toda España y el manejo al dictado de sus intereses del borrado de la violencia utilizada contra nuestro Estado de derecho?

Según el tenor de la respuesta, calibraríamos a dónde ha conducido realmente Sánchez a su partido con esta travesía esquizoide, donde después de legislar para condenar la violencia política de hace casi un siglo, aprueba la amnistía de la violencia de hace un lustro para convertirla en un árbol del que caigan frutos envenenados contra todos los que están al otro lado del muro defendiendo la unidad de España, la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley.

PSOE, quo vadis? ¿A por nueces?