El PP despierta a un país desmayado, desalentado

El PP sacude a un país desmayado, desalentado y sometido a la mala suerte de soportar una gobernación golpista. ¿O no lo son los sucesivos pactos de Pedro Sánchez con la escoria delincuencial que le mantiene en el poder? De pronto, el PP, con una iniciativa calificada desde fuera y por gentes enteradas de «audaz» e «inteligente», ha sacudido el tablero institucional y constitucional con una propuesta que se ha colado en medio del escándalo nacional por la aprobación, el miércoles que viene, de una Ley de Amnistía destinada a favorecer a los rateros más abyectos de nuestra sociedad.

La iniciativa del PP –promover la disolución de partidos que declaren la independencia o convoquen referendos ilegales– ha cogido literalmente en pelotas a Sánchez y a sus corifeos, que pretendían pasar el bodrio de la amnistía por el Congreso con el menor ruido posible, sin aspavientos, como si se tratara de la aprobación de otro impuesto más, ¡qué ya es decir! Pero el PP les ha reventado el trayecto, hasta tal punto que las reacciones de sus voceros y conmilitones –muchos de ellos en los medios más entregados al sanchismo– no han puesto en solfa la adecuación de la propuesta a nuestro Derecho vigente, sino, con toda la cara dura, se han limitado a ufanarse de que lo presentado por el PP en el Parlamento no tiene posibilidad alguna de ser aprobado. Y en eso tienen razón, porque la conjunción de ultraizquierda social-comunista-separatista tiene mayoría en el hemiciclo; por tanto, es imposible que el PP gane una votación que, además, ni siquiera se va a producir.

No es encomienda del cronista introducir a los lectores por los vericuetos jurídicos que el PP ha recorrido para asentar su posición. El propio partido de Feijóo se ha encargado (no se sabe realmente quién ha formulado doctrinalmente la propuesta) de explicar que los partidos están incursos en responsabilidad penal desde el año 2012, cuando Ruiz Gallardón se ocupó de redactar novísimante el artículo 31 bis del Código Penal.

En opinión de quien ha formulado la iniciativa del PP (¿ha sido González Pons?, dejémoslo ahí), los partidos pueden ser condenados a disolución por aplicación directa del artículo 33.7 del citado Código. O sea, si se perpetra un delito gravísimo, como en su caso fue la declaración de independencia de 2017, cabe perfectamente condenar a las organizaciones participantes a una pena correspondiente y proporcional: a delito grave, pena grave. Nadie discute ese principio. Por eso, los independentistas que pudieran estar incursos en esta aplicación, no se ocupan de debatir la juridicidad de la propuesta, sino simplemente –y con gran desahogo– se empeñan en señalar con perfidia que Sánchez, su aliado, no tiene otro remedio que rechazar la iniciativa, porque si no duraría un minuto en La Moncloa.

Ciertamente y durante toda esta Navidad, el país, aparte de fastos y gastos, se ha hallado desanimado, hasta desmayado. Las conversaciones en las sobremesas de los domicilios coincidían en este tenor reflejado en tres frases: primera, «Esto no hay quien lo aguante»; segunda, «Nada se puede hacer contra este individuo (Sánchez)»; tercera, «¿A qué se dedica el PP con su blandenguería?» Aún se puede añadir una coda, expresión doméstica y festiva también de este desencanto general: «¿Qué hemos hecho para merecernos esto?»

Déjenme que, llegados a este punto, les transmite la confesión dolida de un familiar dicha ante los turrones de Nochebuena: «¡Joder! Parece que nos ha abandonado Dios!» Ciertamente una demasía que, sin embargo, refleja el estado de irritación y de su antónimo –la postración– en que, por lo menos la mitad de los españoles, se encontraban y probablemente se sigan encontrando ante la certeza de que ninguna de las descomunales fechorías que comete Sánchez se pagan en las urnas.

Sánchez lo sabe y se ríe a mandíbula batiente proclamando algo así como esto en su tono radiante de chulería de bolera: “Sí, voten lo que quieran que yo seguiré gobernando”.

De aquí que la iniciativa suscrita por el Partido Popular haya supuesto un soplo de aire político en esta sensación de sometimiento inane
que el centro-derecha español está sufriendo.

Desde luego, no va a cambiar las posiciones de poder: ni Sánchez saldrá de La Moncloa, ni la amnistía será derogada antes incluso de aprobarse, ni los numerosos delincuentes que hacen posible el Gobierno del felón van a dejar de cometer las transgresiones que les vengan en gana. Todo para ellos. En este momento en este país nada se paga, a los forajidos les ampara el presidente. ¿Para qué entonces molestarse, como ha hecho el PP, en idear una propuesta que sacuda la atonía? Pues, de entrada, para cambiar el paso a los infractores que la semana que viene pretendían aprobar una ley a toda prisa, sin informes previos y en régimen de urgencia, como si fuera otro de los requisitos de la pandemia de la Covid.

Además, la iniciativa del PP pone en la cuerda floja la propangada abusiva del poder que ha venido sosteniendo, en contra de lo afirmado anteriormente, que la aministía es «impecable desde el punto de vista constituciona» (el prócer López dixit). A mayor abundamiento, como le expresa a este cronista una antiguo miembro del Constitucional, va a obligar a que el Parlamento tome en consideración, aunque los rechace, bastante factores de los integrados en el proyecto del PP. Y, por si fuera poco, la iniciativa le come la merienda política a Sánchez y a su ralea, y les exige que se aclaren si están a favor de los delincuentes o de los agraviados, de los que vulneran la ley exigiendo una referéndum que es una afrenta al artículo 2 de la Constitución Española: «La Constitución se fundamental en la indisoluble unidad de la Nación española…»

Por una vez, el PP se ha apuntado un tanto y ha comunicado a sus votantes que no está dormido, ni tampoco al socaire de las atrocidades que se le ocurren al individuo que ocupa La Moncloa. Seguimos desasosegados pero al menos parece que el PP se mueve. El portavoz en el Congreso es muy diferente a los bañistas de Génova.