El populismo fiscal del impuesto energético expulsa a las empresas

Hay políticas diseñadas por los gobiernos que afectan a un país más allá de la legislatura donde se adoptan, como son los programas de apoyo a la construcción de vivienda, la gestión de la inmigración, las políticas de igualdad de género, la jornada laboral y el diseño de una fiscalidad estricta y justa que permita atraer la inversión en sectores clave como la energía, la vivienda asequible, los centros de datos o la inteligencia artificial; y lo mismo ocurre con el impuesto energético.

En muchos casos son decisiones irreversibles, si no están bien conformadas y apoyadas en datos el daño que pueden hacer sobre la economía se traducirá en una pérdida de puestos de trabajo y de oportunidades.

El diseño de políticas públicas y programas que puedan ser evaluables en el tiempo permite trabajar con información sobre los resultados obtenidos y datos objetivos, más allá de las ideas, opiniones y prejuicios personales o de grupos. Obliga además a las organizaciones afectadas por las decisiones públicas a trabajar con esos mismos instrumentos, transparentes y públicos, en la conformación de las decisiones en su tarea de advocacy, como es el caso del impuesto extraordinarios para los sectores energético y bancario.

En el marco del desarrollo del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR- que condicionaba la recepción de fondos europeos, nuestro parlamento aprobó la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Una regulación que establece con claridad los objetivos que se pretende con el proceso de evaluación de las actuaciones encaminadas a la satisfacción del interés general o a la solución de una necesidad pública ya sea una norma, estrategia, plan, programa o medida gubernamental. Una herramienta del Gobierno que mejora la calidad y eficacia de sus acciones, impulsando el aprendizaje y la innovación, haciendo las políticas públicas más eficaces y eficientes lo que es clave en el control posterior de responsabilidades y en la rendición de cuentas.

A diferencia del seguimiento, la evaluación consiste en realizar una valoración exhaustiva y con identidad propia sustantiva, que incorpora la formulación de juicios de valor basados en evidencias y criterios referenciales. Los resultados deberían retroalimentar, profesionalizando los procesos de gestión pública potenciando el aprendizaje y la mejora continua desde la doble perspectiva operativa táctica y estratégica.

En este contexto, se plantea la puesta en marcha de medidas permanentes -en referencia al impuesto energético- que afectan a importantes inversiones industriales históricas con riesgo de deslocalización en Portugal o Francia, incrementando la inseguridad jurídica creciente para los inversores en un sector clave para la transición verde de nuestro país, metanol e hidrogeno verde renovables mediante la decisión de hacer los gravámenes temporales provisionales a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas aprobados en 2.022 sobre los resultados de las empresas energéticas españolas para pretendidamente respaldar la economía en la pandemia.

El argumento que se utilizó hace dos años para establecer este gravamen temporal y extraordinario para las empresas que facturaron más de 1.000 millones en 2019, definido por las empresas afectadas como una arbitrariedad fiscal injustificable que les obliga a pagar un 1,2 % sobre el importe neto de la cifra de negocios, es que eran beneficios caídos del cielo. Se ignoraban las altas inversiones que están acometiendo las compañías, así como su importante apalancamiento financiero y el necesario complimiento de una hiper regulación de su transformación hacia la descarbonización. Hacienda recaudó 1.164 millones de euros de las empresas energéticas en 2024 que deben sumarse a los 1.644 millones recaudados en 2023 por este mismo concepto.

Llama la atención que CEPSA que fue la segunda compañía que más contribuyó al pago del impuesto energético con 244 millones, cerró el mismo ejercicio con pérdidas.

Este movimiento impositivo pone en peligro inversiones industriales clave de empresas como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona y Disa. Por concretar algunos casos que ya se han hecho públicos, nos referimos en primer lugar a las importantes inversiones de CEPSA de 3.000 millones de euros con la creación de 10.000 empleos directos e indirectos en la región andaluza que apuesta por una clara reindustrialización y reconversión de la industria de las energías renovables. El 60% de la energía que se produce en Andalucía es renovable y el objetivo era subir ese porcentaje, creando para ello en las provincias de Huelva y Cádiz, el llamado Valle del Hidrógeno Verde de Andalucía en Palos y San Roque.

Otro de los proyectos posiblemente afectado es la inversión de 300 millones de euros para la construcción de un electrolizador en Cartagena para producir hidrogeno renovable con 150 MW de capacidad. Otra de esas inversiones que el impuesto energético pone en duda ahora.

También está en juego el proyecto industrial estratégico en el mayor polo petroquímico de Cataluña, liderado por Repsol con una inversión en Tarragona de 1.100 millones de euros para financiar la construcción de una ecoplanta para producir etanol y biometanol renovables a partir de residuos urbanos valorada en 800 millones de euros y el mayor electrolizador de España para hidrogeno verde que movilizaría más de 300 millones de euros.

En paralelo, Repsol que ha pagado cerca de 800 millones de euros por esta tasa en dos años, confirma que motivado por la posibilidad de hacer permanente dicho impuesto va a deslocalizar un proyecto de una electrolizadora de 4 MW junto al puerto de Sines en Portugal, nuestro gran competidor fiscal. Anuncia también la paralización de inversiones en plantas de electrolisis de 350 MW en Bilbao, Tarragona y Cartagena. En una reciente tribuna, su consejero delegado señalaba que dichas inversiones se ralentizarán al máximo por el populismo fiscal del Gobierno, que representó la vicepresidenta Alvarez publicando en redes sociales, un mensaje con los beneficios anuales de Repsol e Iberdrola, por los que ya tributan sociedades. La ministra de trabajo olvidó señalar los 24.099 empleados de Repsol y los 41.384 de Iberdrola. En su argumento populista señalaba la necesaria permanencia de los gravámenes temporales para reequilibrar la balanza fiscal.

Según los informes de la Asociación de Organizaciones Petroleras -AOP- hay un riesgo cierto de perdida de inversiones industriales relacionados con la transición verde de hasta 16.000 millones de euros en el caso de que se consolide la carga fiscal extraordinaria.

Cualquier evaluación externa e independiente de la nueva norma vería que la recaudación de en torno a 3.000 millones en los ejercicios anteriores de 2023 y 2024 no compensa los efectos de inversiones que quintuplican dichos ingresos fiscales. Más aún si tenemos en cuenta el efecto multiplicador sobre una industria que tendría acceso a energía en condiciones más ventajosas lo que la haría más productiva y competitiva.

En paralelo, si realmente el objetivo es mantener un marco fiscal con capacidad recaudatoria,  el Gobierno deberá acceder a la petición de las cuatro organizaciones patronales del sector -Aevecar, AOP, CEEES y UPI- para aprovechar la inaplazable trasposición de una directiva  europea de 2022, para tramitar una reforma del actual sistema de tributación del IVA en la venta de combustible. Es preciso poner coto al gran fraude fiscal detectado que acumula miles de millones  de euros anuales, una merma real en las arcas públicas que no refleja inversión industrial adicional alguna, suponiendo además una competencia desleal a las compañías que cumplen con sus compromisos tributarios.

Terminamos repasando los datos de recaudación tributaria: un impuesto que pretende recaudar del entorno de 1.200 millones de euros anuales poniendo en peligro inversiones de 16.000 millones de euros en industria energética renovable encaminada a nuestra mejora de la competitividad. La misma administración que por una ,mala regulación esta dejando de ingresar miles de millones de euros por el fraude del IVA de la venta de hidrocarburos, que en volumen supone ya el 25 % del total de la venta de combustible que además termina con el posterior blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos.

Metiri ad administrationem meliorem

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.