La peligrosa deuda infinita

La deuda supera los 1,6 billones de euros. Este incremento del endeudamiento puede poner en peligro la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, aumentará el gasto.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit solo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haber revisado entonces). Además, la IGAE detectó un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se convirtió en una décima.

En 2023, el gasto siguió aumentando, y si el déficit disminuyó se redujo únicamente al incremento de ingresos por el aumento de la inflación, al igual que ocurrió en 2022. En 2024, el saldo presupuestario se salvará gracias al incremento extraordinario del PIB tras su revisión.

El Gobierno también fía todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto se encuentra disparado, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que previó para 2025, donde cada vez se vuelve más estructural. Si cumple el objetivo, será debido al impulso inflacionista de la recaudación y del PIB nominal —revisado de manera extraordinaria por el INE e incrementado en 35.000 millones por dicha revisión—, no por un crecimiento económico saludable ni por ajuste del gasto, que continúa en aumento. Sin embargo, es probable que el incremento del gasto eleve el déficit por encima de lo previsto.

Además, este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto.

Es necesario incrementar el gasto en defensa, pero esto debe hacerse reduciendo partidas de gasto innecesario. Si no se eliminan estas últimas, el gasto se disparará aún más y la deuda seguirá incrementándose de manera exponencial, poniendo en riesgo la capacidad estructural de la economía para hacerle frente.

Además, si se completa la aplicación del concierto catalán, la Administración General del Estado podría perder varias millas de millones de euros, agravando dicho déficit. Al mismo tiempo, tendría que cubrir los servicios esenciales de las Comunidades Autónomas receptoras de fondos ante la insolidaridad del cupo catalán, tal como han publicado diversos organismos, siendo el más reciente el Colegio de Economistas de Madrid.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno aligere sus cargas fiscales, por ejemplo, mediante la deflactación del IRPF y la reducción de impuestos, en lugar de endeudarlos más. Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque constituye el origen del problema y hace insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante nivel de endeudamiento. También es necesario devolver a los ciudadanos la recaudación extraordinaria que el Gobierno está obteniendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes, además de dificultar la competitividad de las empresas en los mercados. No podemos continuar hacia una deuda infinita, convirtiéndola de facto en deuda perpetua—aunque técnicamente no lo sea—a través de su renovación permanente.