Partidos y próximas elecciones. ¿Qué hacemos con los taxis?

Partidos y próximas elecciones. ¿Qué hacemos con los taxis?

Estamos metidos en plena campaña electoral. Propuestas y promesas. En las asociaciones del sector del taxi ya hemos recibido las propuestas de los principales partidos al respecto de la relación del taxi con los usuarios, las administraciones, los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), la competencia y la movilidad sostenible.

En general, siguen cargadas de típicas y tópicas vaguedades sobre las “políticas de movilidad para todos y todas”, de la “mejora y modernización” y de la “libertad de elección del usuario”, de las que, en sus ampulosos enunciados, casi nadie puede discrepar. Sin embargo, hay que reconocer que a diferencia con los programas electorales de los años 2015 y 2016, esta vez el taxi sí es objeto de atención, de modo singular, de las formaciones que concurren a las elecciones, y que prácticamente todas han hecho un esfuerzo de concreción y posicionamiento respecto al sector que nunca antes había existido.

Dados los acontecimientos de los últimos cuatro años, la evidencia de que existe un problema a resolver, siempre obliga a nuestros políticos a tener una opinión al respecto y ofrecer una solución. Aunque los ciudadanos –y en concreto los taxistas- ya estemos de vuelta de la fidelidad a las promesas de campaña electoral, es cierto que han existido el número suficiente de declaraciones como para poder hacernos una idea de cuál es la “receta” que tiene cada uno para el problema.

Lo que no parece que se tenga identificado de igual modo es, cuál es el concreto problema. Para algunos es la irrupción de la tecnología, para otros son la competencia desleal o la precarización de las condiciones de los chóferes, otros tantos ponen el foco en las restricciones a la libertad de mercado o el retorno a la regla de proporción 1/30. A todo ellos se suma la óptica de cuál debe ser el ámbito de solución, local, autonómico,
estatal o incluso europeo. Y ciertamente es difícil determinar uno sólo de ellos, porque el asunto es complejo y tiene bastantes aspectos que resolver.

Pero hay uno al que casi nadie quiere referirse, y mucho menos solventar: el atropello a los derechos de los taxistas liberalizando su actividad mediante la Ley Ómnibus (2009) sin compensación alguna y la creación y entrega de un nuevo mercado de transporte que, para colmo, ha sido pasto de una fatal especulación.

No es momento ahora de hacer repaso de todos los hitos sucedidos desde la gratuita aprobación respecto al taxi de aquella transposición de la Directiv de liberalización de servicios y la pésima gestión de los siguientes gobiernos hasta el día de hoy, pero sí de evidenciar que, ni el actual se ha dignado a reconocer el error y pedir perdón, ni ninguno de los anteriores se ha propuesto, más allá de restablecer normas, buscar formulas para compensar a los taxistas de la entrada en su mercado, que estaba regulado e intervenido, de un 30% más de nuevos oferentes. Las últimas reformas legislativas, respondiendo a otros intereses, con sus luces y sus sombras, tampoco han supuesto solución alguna a este concreto asunto.

Las excusas para mantener sin compensar el atropello son variadas y variopintas, pero han girado siempre en torno a “se ha hecho lo que se ha podido”, o “vamos a mirar adelante a ver cómo podemos mejorar en el futuro”, o “el valor de las licencias no es nuestra responsabilidad”, e incluso la muy manida “no se pueden poner puertas al campo”. Y no estamos ante una ordenada transición a la liberalización o cualquier otra
actuación “programada”, sino frente a un “ahí te quedas”, de un día para  otro.

Algunos hemos planteado siempre la cuestión de que semejante atropello a los derechos de los operadores de un mercado regulado e intervenido que se liberaliza, de la noche a la mañana, sin previsión ni establecimiento de compensaciones, quebrando el principio de legítima confianza que protegía a los taxistas (e incluso a los titulares de VTCs tradicionales), solo podía tener lugar ante un sector compuesto de casi 70.000 trabajadores autónomos, divididos, desorganizados y sin fuerza en los resortes del Poder. Estoy convencido de que si el sector del taxi hubiera estado compuesto por 2 o 3 empresas gigantes, multinacionales,
transnacionales o incluso locales, no hubiera habido arrestos a dejar sin compensaciones a las mismas.

Las consecuencias. De 2.400 autorizaciones VTC existentes en 2009 a casi 20.000 solicitadas antes de noviembre de 2015. De 67.000 coches entre VTC y taxis en 2009 a casi 85.000. Sin más. Y además con las autoridades de Competencia  persiguiendo a los taxistas autónomos, como si fueran monopolistas.

Modestamente, creo que aquel partido político que prometa y cumpla con la justicia material que supone compensar a los taxistas de dicho atropello, moral y económicamente, no sólo acertará con lo que reclaman la mayoría de trabajadores autónomos del taxi en España, sino que atenderá real y materialmente al interés generalal que todo político se debe.

Atentos al resultado electoral, seguiremos trabajando por ello.

Emilio Domínguez del Valle, abogado y Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).

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