Oposición a la oposición

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  • José Manuel Maza

Durante las últimas semanas, el Gobierno ha desplegado la estrategia de hacer oposición a la oposición. Con la inestimable ayuda de sus satélites de opinión, que cuida meticulosamente, se ha venido cocinando un argumentario político artificial en contra de la oposición y de algunos gobiernos autonómicos, siendo la Comunidad de Madrid el mejor ejemplo de ello.

Pero, ¿por qué un Gobierno, elegido hace apenas unos meses y que cuenta con poderes excepcionales, haría esto? Es muy sencillo: viéndose absolutamente superado por las circunstancias, como consecuencia de su incapacidad y negligencia, a partir de ahora hay que buscar un chivo expiatorio al que culpar de lo que ocurra en nuestro país en relación con la crisis sanitaria, social y económica. Y, con ese único fin, se unen a la perfección todas las fuerzas interesadas en ocultar cualquier atisbo de certidumbre sobre la actuación del Gobierno ante la pandemia del Covid-19.

Si no fuera por la gravedad de la situación que estamos viviendo, los argumentos utilizados por esta oposición de la oposición merecerían la carcajada por respuesta. Así, en su afán por justificar lo injustificable, escuchamos a voceros gubernamentales aludiendo a la «responsable oposición portuguesa», en supuesta contradicción con la española. Lo que nunca mencionan es que Portugal, pese a ser un país limítrofe con nosotros por el oeste (como diría una vicepresidenta del Gobierno), es una de las naciones que mejor ha gestionado la crisis sanitaria, dando su Gobierno un ejemplo de transparencia, seriedad y rigor.

Exactamente lo contrario a lo ocurrido aquí. Esto no es opinión, sino información, pues me remito a los datos y baremos objetivos que están a disposición de todos. También, en ese afán por confundir a la opinión pública, algunos portavoces de la oficialidad gubernamental han puesto de ejemplo a Francia, lo que no deja de llamar la atención, pues olvidan que el presidente Macron ha llevado al Senado una propuesta de medidas que ha sido rechazada por los senadores galos. Igual que aquí, ironía mediante, donde la supresión de derechos fundamentales no sólo no se vota por las Cortes Generales, sino que se materializa unilateralmente mediante orden ministerial. Por cierto, no deja de sorprender que los escuderos gubernamentales de pluma y antena, que otrora se llenaron la boca hablando de libertades y derechos, callen ahora frente al abuso gubernamental en relación con la suspensión de derechos fundamentales que estamos sufriendo los ciudadanos.

Vienen tiempos duros para la política española, de desgaste institucional sin precedentes, pues a este Gobierno lo único que le importa es mantenerse en La Moncloa, caiga quien caiga. Y, en este sentido, el Ejecutivo no dudará en utilizar las principales instituciones del Estado (llámense Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc.) con fines exclusivamente partidistas, saltándose no sólo la norma aplicable sino la esencia misma de cualquier Estado de Derecho. En este sentido, desde el Ejecutivo no pierden de vista su asedio al Poder Judicial, pues saben que sus actuaciones serán objeto de procedimientos judiciales, muchos de los cuales se encuentran ya en curso. Son ellos, los jueces y magistrados, que ejercen su función con arreglo exclusivo a la legalidad y sin atender a razones de oportunidad política, los guardianes últimos del Estado de Derecho y los ciudadanos debemos ser conscientes de que, al final, la existencia de un Poder Judicial independiente es la única diferencia entre una democracia fallida y otra plena.

Por todo lo anterior, es ahora más imprescindible que nunca que el Gobierno tenga enfrente a una oposición fuerte, responsable y unida, pues serán muchos los ámbitos donde, al margen de tácticas cortoplacistas, se deberá actuar en defensa del régimen constitucional y, en fin, de la libertad de todos los españoles.

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