Open Arms: sociedades y brazos abiertos a la inmigración ilegal

La violación de una niña de 14 años por un joven de 17 años en Hortaleza (distrito de Madrid), ha vuelto a poner de dramática actualidad el problema que comporta la masiva inmigración irregular a nuestro país. Esta  información no obstante es incompleta por cuanto se elude por la Delegación del Gobierno la nacionalidad respectiva del agresor y la agredida, al tratarse de un «mena», y una niña española.

Es un ejemplo de la manipulación -en este caso por omisión voluntaria y continuada- de ese dato con el absurdo pretexto de no generar «discursos de odio y alentar conductas racistas», por parte del sanchismo gubernamental. Ya que su verdadero interés es el deseo de que la población española no tome conciencia debida de las consecuencias negativas para la convivencia, que ocasiona su irresponsable política inmigratoria.

Lo más lamentable de todo ello es que esa inmigración ilegal es fomentada por grupos criminales, auténticas mafias, que hacen su negocio a costa de esas personas. Y no solo están ellos embarcados en esa actividad, sino que hay también organizaciones presuntamente humanitarias «ONG» que por intereses más profundos y estratégicos promueven unas sociedades   Occidentales «sin fronteras» es decir, con «puertas abiertas».

Esas denominaciones coinciden «casualmente» con las de una Fundación de nombre Open Society (Sociedad Abierta); y también con el de un medio de transporte marítimo de inmigrantes por el Mediterráneo, de especial actualidad en estos momentos de nombre: «Open Arms», (Brazos Abiertos). La Open Society es presidida por Alex Soros hijo de George, uno de los más cualificados promotores del NOM y del Foro de Davos, significativo ámbito de difusión de ese nuevo orden global que promueven.

Un Nuevo Orden sin fronteras nacionales, sino con sus puertas abiertas a todos los inmigrantes, pero procedentes, y para Europa en especial, de sociedades no occidentales. Si analizamos esas «sociedades abiertas» y con «brazos abiertos» para todos ellos, se constata que por su procedencia, a Europa y en especial a España por su situación geográfica, esos inmigrantes son en su mayoría musulmanes. Y cuya voluntad de integración en las sociedades europeas de destino es inexistente. Adentrarse en este terreno de opinión es garantía cierta de incurrir en descalificaciones propias de los difusores de teorías «conspiranoicas», lo que es un intento evidente de disuadir a efectuarlo.

Sentado ello, es una realidad que esa inmigración masiva, acompañada de una elevada natalidad, unida a la en general escasa tasa de natalidad europea, -consecuencia de la promoción del aborto y de la ideología de género en vanguardia de su clara descristianización religiosa, social y cultural- está provocando un cambio sustancial de la población europea a medio plazo.

Como dijera el presidente estadounidense Roosevelt «si se produce un hecho político relevante, tengamos la certeza de que ha sido debidamente preparado». Así por ejemplo, podemos recordar cuál fue uno de los primeros y destacados actos políticos de Sánchez, apenas a los 10 días de ser investido presidente en la moción de censura, en Junio de 2018: Ir a recibir personalmente en Valencia al buque Aquarius que transportaba a más de 150 inmigrantes irregulares a bordo, y varios días sin poder atracar en puerto alguno.

«Casualmente» también había recibido incluso antes, al mismo George Soros en la Moncloa. El caso de esa niña violada en Madrid ha aflorado un debate que de manera soterrada (y pública) está cada vez más presente en España, -Puerto Pacheco y Jumilla ejemplos recientes- que lo protagonizan en este caso Abascal y Ayuso por un lado y el sanchismo por el otro. La presidenta Ayuso y Abascal han atribuido esa violación a Sánchez por su política al respecto, y él y sus corifeos han replicado según marca el guión, acusándoles de xenofobia, racismo y odio.

A estas alturas, ya hay sobrados motivos racionales y empíricos que acreditan que la inmigración ilegal es un negocio criminal, cuya permisividad no tiene atenuantes posibles. Y los políticos que la promueven, la facilitan ó la permiten, deberán responder de los graves problemas que acarrea. En la Historia, en las urnas, en los tribunales, ó en todos ellos. Y por cierto, dejando claro que la experiencia demuestra que esa inmigración ilegal no paga las pensiones, ni sostiene el «Estado del bienestar». Sino todo lo contrario.