No toquéis a mi Policía

A los delincuentes se les indulta. Que digo ‘indulta’. Para que sigan apoyando su Gobierno disparatado y carcomido, para abundar en el relato de que actuaron como en una «ensoñación», Sánchez (porque, al final, es Sánchez) borra sus delitos del Código Penal. Podrían estar contentos. Pasemos un es-túpido velo por el otoño del 2017.

Pero no. No para unas fuerzas del orden que, luchando contra un sinfín de obstáculos, cumplieron ese día con el deber de tratar de impedir un bochornoso referéndum ilegal (el segundo referéndum ilegal, recordemos). Francisco Miralles, juez instructor de Barcelona, ha procesado a 45 agentes asumiendo el mentiroso relato independentista. Califica la actuación de la Policía aquel día de «desproporcionada», y ve indicios de delitos de «torturas, contra la integridad moral o lesiones».

Este pasado sábado, Iñaki Ellakuría, director de El Mundo en Cataluña, se refería al caso como una más «de las infamias, humillaciones y nauseabundas injusticias» que hemos de soportar, mientras que los organizadores del golpe «condicionan o dirigen la política del Gobierno».

Efectivamente, este es un nuevo y aberrante juicio político impulsado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona (ni Aragonés ni Colau tuvieron el pudor de retirar sus acusaciones particulares cuando los desaprensivos obtuvieron el afrentoso indulto). Y, al igual que Ellakuría, nos preguntamos dónde están las voces de Rajoy, Santamaría, Zoido o de la «belicista» Cospedal. ¡Algo tendrían que ver con su envío a Cataluña en aquellas fechas! ¿Dónde está el «marianismo», dice?

¡Qué de poco nos sirvió el PP en aquellos días! Por lo menos diputados de Ciutadans en el Parlament de Cataluña, así como Inés Arrimadas, se reunieron el pasado viernes con varios responsables del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para apoyar a los agentes. En palabras de sus representantes, «los políticos han mostrado su apoyo incondicional con los policías inexplicablemente encausados y con las medidas que reivindica el SUP desde hace años para los policías que prestan su servicio en Cataluña». Los agentes les señalaron un paquete de medidas «urgentes y necesarias». Como la declaración de ZES (Zona de Especial Singularidad) para Cataluña y unas soluciones económicas para paliar el desarraigo y penosidad de los agentes desplazados, con una tasa de abandono superior al 40% cada año.

¡Qué menos! Aunque la desfachatez sanchista proclama que tanto indultos como apaños en el Código Penal ayudan a superar no sé qué conflicto que tiene Cataluña con España (sólo hay un conflicto: unos independentistas que tratan de imponer su agenda a los otros incluso con un golpe contra el estado), lo único que ha logrado desactivarlos es la aplicación de la ley, vía Policía o el 155.

Este partido va a lanzar varias iniciativas tanto en el Parlament de Cataluña como en el Congreso de los Diputados. Propondrán mejoras laborales para unos policías nacionales que sufren un sospechoso hostigamiento en los tribunales desde organizaciones, dicen, «sufragadas con dinero público» de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

La Voz de Galicia ha publicado las declaraciones de uno de estos agentes procesados por la intervención del referéndum del 1-O donde afirma que «los independentistas querían que hubiera un mártir» . Este servidor público dejó la Unidad de Intervención Policial (UIP) enseguida que pudo al igual que su 90 %». Se fueron 1.200 de los 1.400 agentes en los dos años siguientes. No quedan más que 150 de los 1.500 cinco años después.

El colmo es su queja final: «Los de los despachos no van procesados. Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, y el comisario de las UIP han ido a declarar, pero como testigos; y nosotros, que fuimos a hacer lo que nos mandaron, vamos». Y el ‘marianismo’ silbando. No sé cuando pararemos de autodestruirnos.