No importaba que no juraran fidelidad al Rey, sino que fueran fieles a Sánchez

A estas alturas, que OKDIARIO desvele que el Gobierno estuvo nacionalizando de forma ilegal durante cinco meses a un número indeterminado de nietos del exilio ya no sorprenderá a nadie, más aún cuando los requisitos y criterios establecidos en la norma han sido burlados de manera flagrante. Pero en este caso, el asunto pasa de castaño a oscuro, porque el Gobierno se olvidó del pequeño detalle de exigir a los demandantes de la nacionalidad la obligación de jurar fidelidad al Rey, obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, algo preceptivo según el artículo 23 del Código Civil.

La propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encabezada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, definió esta situación como un «error» y lo corrigió 5 meses después. O sea, que durante meses las nacionalizaciones se hicieron en fraude de ley. La pregunta es obvia: ¿Y qué ocurrió con todos los que obtuvieron la nacionalidad sin cumplir con ese requisito obligatorio? Pues nada, que son españoles a todos los efectos, aunque no juraran fidelidad al Rey, obediencia a la Constitución y a las leyes españolas.

El asunto es serio, pero sin afán de ser malicioso, cabe preguntarse si estamos ante un olvido imperdonable o ante un error intencionado, porque para este Gobierno el que no jura fidelidad al Rey y desobedece la Constitución y las leyes tiene premio. En este caso, un pasaporte español y el derecho al voto.

El Supremo ha suspendido la inscripción en el censo de los denominados nietos del exilio al entender que los criterios fijados por un reglamento de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se apartaban de lo fijado en la ley, que determinaba que para solicitar la nacionalización había que demostrar el exilio de sus ascendientes.

Sofía Puente se saltó esa obligación permitiendo la nacionalización de los descendientes de cualquier español que abandonara nuestro país en cualquier momento y sin necesidad de alegar motivaciones políticas. La misma Sofía Puente que durante cinco meses permitió que los nuevos españoles se saltaran el juramento de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes. Conclusión: este Gobierno se ha hartado de fabricar nuevos españoles saltándose la ley.