El audio de un abogado pagado por el PSOE admitiendo ante el juez que escribió: «Hay que acabar con Luzón»
El letrado Ismael Oliver admite ante el juez Pedraz mensajes con Leire Díez para conspirar contra jueces y fiscales
El abogado Ismael Oliver reconoció ante el juez instructor Santiago Pedraz haber escrito en un mensaje que «hay que acabar con Alejandro Luzón», una frase que él mismo ha calificado como «desafortunada» al ser preguntado por la fiscal durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional.
El letrado, que ejerció inicialmente la defensa del que fuera asesor de Transportes Koldo García y prestó servicios profesionales al PSOE, admitió también haber mantenido un intercambio de mensajes con Leire Díez en los que se hablaba de «limpiar» la imagen de clientes, de testigos que «se venden» y de filtraciones a la prensa.
Según el sumario instruido por Pedraz, el PSOE pagó 27.225 euros a una sociedad administrada por Ismael Oliver, cerca de 4.500 euros mensuales aprobados por Santos Cerdán.
Oliver pidió, antes de responder a ninguna pregunta, que se respetara su «deber de secreto profesional» como abogado del PSOE, de Koldo García y de Nervis Villalobos.
«El próximo mes de octubre cumpliré 40 años de ejercicio profesional y nunca creí verme en este lado de la sala», afirmó el letrado al comenzar su declaración.
El abogado explicó que su vínculo con el PSOE nació a través de Leire Díez y de Javier Pérez Dolset, presentados por su cliente Nervis Villalobos «aproximadamente» en «junio, julio de 2024».
Díez se le presentó, dijo, «como militante del PSOE», «como experta en comunicación» y «como persona que tiene un contacto directo con el señor Santos Cerdán».
El PSOE le encargó entonces analizar jurídicamente las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, celebradas entre septiembre de 2024 y enero de 2025.
El letrado fue taxativo al señalar que aquella relación no se formalizó con ningún papel: «No se formaliza ningún contrato, no se hace ninguna hoja de encargo, entre otras cosas porque yo no la precisaba». Sólo meses después, en enero, Díez le hizo llegar una nota de encargo «como previo y preceptivo al pago» de sus honorarios: «Me dice que hay que firmar esa hoja porque, si no, no cobro».
En diciembre de 2024, durante una comida, Santos Cerdán y Leire Díez le plantearon si estaría dispuesto a asumir la defensa de Koldo García, que se planteaba cambiar de abogado. Oliver admitió que finalmente aceptó el encargo en enero de 2025.
Las razones del abandono fueron dos: «Tener unas grandes diferencias en la estrategia de la defensa» y, textualmente, «porque no cobro y no me paga nadie». Sobre quién asumiría el pago, reconoció: «A mí se me insinuó que el partido le iba a pagar a él y a mí».
El letrado también admitió que Villalobos contrató a la cloaquera Leire Díez para «limpiar» su reputación digital. Según explicó, Díez «le ofrece que le va a limpiar la huella digital» a su cliente, que llevaba años con las cuentas bancarias bloqueadas por su situación judicial.
La fiscal exhibió a Oliver varios mensajes atribuidos a él mismo, no sólo a Leire Díez. El 17 de febrero de 2025, en referencia a la testigo Carmen Pano, el letrado escribió: «Esta se vende. Debemos saber comprar también». Preguntado por ello, respondió que se trataba de una «frase muy poco afortunada» e insistió en que nunca llegó a negociar nada con la testigo.
También se le preguntó por un mensaje del 30 de enero de 2025 en el que se dirigía presuntamente a un entorno cercano a la Moncloa: «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van a joder la vida». Oliver no renegó de la frase: «Por lo mismo que le diría hoy exactamente lo mismo», respondió, calificándola de opinión personal.
Sobre otro mensaje en el que Leire Díez le trasladaba que «el presi (sic.) lo tiene muy claro», el abogado se desvinculó de su contenido: «Yo no respondo de lo que el presidente dice o no dice, entre otras cosas porque es que yo ni conozco al presidente ni he hablado con él».
Mensajes con Leire Díez
El nombre de Leire Díez ha quedado vinculado en la instrucción a un supuesto intento de recabar información contra guardias civiles de la UCO y fiscales anticorrupción, en paralelo a la causa que condenó a Koldo García y que sigue acorralando al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El propio Oliver describió a Díez como una interlocutora prolija en explicaciones que rara vez se materializaban: «Todo lo que decía que podía hacer, nunca lo hizo», aseguró.
El experimentado letrado negó en todo momento tener ninguna capacidad de influencia. Preguntado directamente si tuvo «poder, acceso o influencia» sobre la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, la UCO, el Gobierno o el PSOE, respondió: «En ninguna de esas situaciones, ni nunca».
A preguntas de su propia defensa, Oliver negó categóricamente haber participado en cualquier maniobra para alterar declaraciones o socavar instituciones del Estado. Cuando se le preguntó si realizó, presenció o participó en algún acuerdo destinado a «fabricar hechos, alterar declaraciones, influir indebidamente en una autoridad o socavar las instituciones del Estado», respondió con una sola palabra: «Jamás».
El abogado insistió en que, de toda su relación con Leire Díez, el balance económico fue negativo para sus clientes: «Si hay que hacer un balance, se ha perdido dinero». Cuatro décadas de toga y despacho abierto no le evitaron, sin embargo, tener que explicar ante un juez, frase por frase, por qué escribió lo que escribió.