El PSOE defendió en 2018 lo contrario que Sofía Puente en 2022: restringir la nacionalidad al exilio político

El PSOE de Pedro Sánchez se inclinó en 2018 por restringir la concesión de la nacionalidad, y por tanto el derecho a voto, a descendientes de exiliados políticos, excluyendo así a los nietos de emigrantes españoles por «razones económicas».

Este posicionamiento es justamente el contrario que emana de la polémica instrucción de Sofía Puente sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (también conocida como Ley de Nietos). Una orden que la ministra del actual ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, dictó en 2022 como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo acaba de suspender de forma cautelar los efectos censales de dicha instrucción.

Aquella negativa del PSOE a extender la nacionalidad a descendientes de emigrantes por razones económicas —fundamentalmente con anterioridad a julio de 1936, fecha de inicio de la Guerra Civil española— se plasmó en una enmienda a una proposición de ley sobre esta materia que había sido presentada por Unidos Podemos en el Senado, y luego remitida al Congreso de los Diputados tras su toma en consideración en la Cámara Alta.

En concreto, la iniciativa de los morados planteaba en su artículo primero que también «se concederá la nacionalidad (española) por esta vía a aquellos nietos de quien adquirió la nacionalidad del país de acogida por razones económicas», algo que no contempló la ley de Memoria Histórica de 2007, también de sello socialista y limitada a nietos de exiliados entre 1936 y 1955.

Sin embargo, el PSOE excluyó las «razones económicas» en la redacción de sus enmiendas al texto de Unidos Podemos, pues en lo referente al artículo primero declinó extender la concesión de la nacionalidad a los nietos de los españoles que dejaron el país no como consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo, sino mucho antes para buscar una vida mejor al otro lado del Atlántico.

Este conjunto de enmiendas registrado el 9 de octubre de 2018 llevó la firma del entonces secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, quien en julio de 2021 pasó a convertirse en secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, cargo que sigue ostentando y que depende del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática dirigido por Félix Bolaños. El mismo departamento ministerial que integraba Sofía Puente cuando dictó la instrucción bajo sospecha por sus posibles efectos electorales.

Aquella orden de Puente estableció que «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles», es decir, emigrantes sin motivación política, y fundamentalmente por causa económica, «como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella», podrán optar ahora a tener pasaporte español.

Por su parte, la enmienda 14 de los socialistas en 2018 pedía que el artículo primero pasara a constituirse como «artículo único», manteniendo el mismo contenido del artículo 17 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y añadiendo un punto 3 donde recogía que asimismo tendrán derecho a optar por la nacionalidad «los nacidos de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución española de 6 de diciembre de 1978» y «los nacidos de padre o madre españoles de origen que, por motivo de exilio, se vieron forzados a renunciar a su nacionalidad».

Sin embargo, esa enmienda número 14 del PSOE prescindió de lo introducido por Unidos Podemos en su proposición de ley referente a la concesión de la nacionalidad española a «aquellos nietos de quien adquirió la nacionalidad del país de acogida por razones económicas».

Críticas desde Argentina

Esta enmienda del PSOE generó un profundo malestar en el lobby de emigrantes argentinos que ahora va de la mano de los socialistas en la aplicación de la Ley de Nietos. Tanto es así que el Centro de Descendientes de Españoles en el Extranjero (CeDEU) emprendió una campaña para instar al Grupo Parlamentario Socialista a que la retirara.

Para el CeDEU, el PSOE había realizado «una propuesta absolutamente dispar», que presentaba «limitaciones altamente negativas para los españoles, y sus descendientes en el exterior», criticó. También la delegación de los socialistas en Buenos Aires cuestionó aquella postura del partido de Pedro Sánchez, luego revertida.

La organización de los nuevos españoles en Argentina que encabeza Juan Manuel de Hoz manifestó que aquella enmienda suponía un «flagrante rechazo» y una discriminación hacia los descendientes de emigrantes por el simple hecho de «tener ascendencia en situación económica precaria», señaló el CeDEU en un comunicado.

Aquella proposición de ley de Unidos Podemos acabó decayendo con la disolución de las Cortes en 2019. Fue ya en 2022 cuando se aprobó la ley de Memoria Democrática de 2022 impulsada por el Gobierno de Sánchez, un texto centrado igualmente en las motivaciones políticas del exilio, que se amplió a 1978. Hasta que llegó la instrucción de Sofía Puente publicada en el BOE del 26 de octubre de 2022 y firmada por ella misma el día anterior. La ley había sido sancionada apenas una semana antes, el 19 de octubre, y llevada al Boletín Oficial el día 20.