Ceuta: una frontera, una estrategia y demasiadas preguntas

La crisis de Ceuta, de la que se ha escrito y dicho prácticamente de todo, tiene múltiples motivos, aristas y consecuencias. Pero hay una cuestión que, a estas alturas, deberíamos atrevernos a plantear sin complejos: ¿qué papel ocupa Marruecos en la estrategia de seguridad y de política exterior de España?

Si no hemos comprendido que Marruecos defiende sus propios intereses geopolíticos con una estrategia de largo alcance, es que no hemos aprendido demasiado de nuestra propia historia. Y si lo hemos comprendido y, pese a ello, nuestra respuesta consiste en facilitar determinadas posiciones marroquíes, entonces el problema es todavía mayor.

Desde la Marcha Verde de 1975, Marruecos ha demostrado que sabe utilizar la presión política, diplomática, económica y social para alcanzar objetivos estratégicos. La cuestión del Sáhara Occidental, la reivindicación permanente de Ceuta y Melilla, la utilización de la inmigración como instrumento de presión y los episodios de Perejil y de las crisis fronterizas son piezas de un tablero mucho más amplio.

Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades españolas situadas en el norte de África. Son también fronteras exteriores de España y, por extensión, de la Unión Europea. Por eso, cualquier utilización de los flujos migratorios como mecanismo de presión debe ser contemplada desde una perspectiva de seguridad nacional y no exclusivamente como un problema migratorio.

Lo ocurrido en 2021 debería haber sido una advertencia. La entrada masiva de personas en Ceuta se produjo después de que España atendiera médicamente a Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario. Aquella crisis demostró hasta qué punto Rabat estaba dispuesto a utilizar la frontera como instrumento de presión.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿aprendimos algo de aquello? Porque cuando una crisis de semejante magnitud puede repetirse, la cuestión ya no es solamente qué hizo Marruecos, sino también qué hizo —o qué dejó de hacer— España para prevenirla.

A ello se añade otro elemento especialmente preocupante: la información de los servicios de inteligencia. Si, como se ha publicado, los servicios españoles habían advertido de determinados riesgos, habría que preguntarse qué información recibió el Gobierno, cuándo la recibió y qué decisiones adoptó.

No se trata de alimentar teorías conspirativas. Se trata de algo mucho más sencillo: exigir explicaciones políticas sobre decisiones que afectan directamente a la seguridad nacional.

Y entonces aparece Pegasus. Los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros miembros del Ejecutivo fueron objeto de intrusiones mediante este sofisticado programa de espionaje. La investigación oficial determinó que existieron infecciones de los terminales, aunque la atribución concreta de su autoría ha sido objeto de controversia.

Desde entonces han surgido numerosas preguntas que siguen sin obtener una respuesta plenamente satisfactoria. ¿Qué información fue sustraída? ¿Quién tuvo acceso a ella? ¿Pudo aquella información afectar a decisiones posteriores del Gobierno? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto conoce el Estado español la dimensión real de aquella operación de espionaje?

Son preguntas legítimas. Lo que no sería legítimo es convertir una hipótesis en una certeza sin pruebas. Precisamente por eso resulta especialmente importante separar los hechos demostrados de las sospechas políticas.

Una cosa es constatar que España modificó radicalmente su posición respecto al Sáhara Occidental, alejándose de la tradicional neutralidad y apoyando el plan de autonomía marroquí. Otra, muy diferente, es afirmar que esa decisión obedeció necesariamente a un chantaje.

Una cosa es que existan relaciones económicas y políticas entre empresarios, instituciones y dirigentes españoles y marroquíes. Otra es afirmar que determinadas personas hayan sido compradas por Marruecos sin aportar pruebas que lo demuestren.

Y una cosa es que existan negocios controvertidos alrededor del entorno presidencial. Otra es establecer una relación causal entre esos negocios y decisiones de Estado sin evidencias suficientes.

Pero precisamente porque existen todas esas dudas, la transparencia debería ser todavía mayor. El cambio de posición respecto al Sáhara tuvo consecuencias diplomáticas importantes. Provocó, además, un deterioro de las relaciones con Argelia, un país fundamental para España desde el punto de vista energético y estratégico.

También resulta legítimo preguntarse por determinadas decisiones adoptadas en materia de lucha contra el narcotráfico y por la eficacia de los dispositivos destinados a combatir las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de hachís procedente de Marruecos.

No porque toda decisión administrativa esconda necesariamente una conspiración, sino porque cuando las decisiones afectan a la seguridad nacional, el ciudadano tiene derecho a conocer sus razones.

Y hay algo que no deberíamos olvidar. Marruecos no es una potencia enemiga en el sentido militar convencional. Es un vecino, un socio económico y un interlocutor imprescindible. España necesita mantener con Marruecos una relación estable.

Pero ser vecino, socio y aliado en determinados ámbitos no significa que nuestros intereses sean siempre coincidentes. Los Estados no tienen amigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y Marruecos tiene los suyos. España debe tener también los propios.

Por eso resulta incomprensible que cualquier debate sobre Ceuta y Melilla sea inmediatamente reducido a una cuestión migratoria. Estamos hablando de soberanía, seguridad, integridad territorial, control fronterizo y posición geopolítica.

Y también de nuestra capacidad para responder. Porque la permisividad tiene un límite. Y una frontera que puede abrirse o cerrarse dependiendo de la voluntad política de otro Estado deja de ser, en cierta medida, una frontera controlada por quien tiene la obligación de defenderla.

Pero existe una última cuestión que me preocupa especialmente. ¿Qué ocurriría si volviera a producirse una crisis de dimensiones todavía mayores? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una estrategia? ¿Existe un plan específico para Ceuta y Melilla? ¿Está coordinado todo el aparato del Estado? ¿Se han establecido líneas rojas perfectamente conocidas por Marruecos? ¿Y cuál sería la respuesta de España ante una nueva utilización masiva de la inmigración para presionar políticamente?

No deberíamos esperar a responder estas preguntas cuando vuelva a ocurrir. Porque entonces quizá sea demasiado tarde.

Tampoco debemos olvidar que Ceuta y Melilla tienen una dimensión internacional. Cualquier crisis allí afecta inevitablemente a la Unión Europea, a la OTAN y al equilibrio estratégico del Mediterráneo occidental. Y en este tablero España no puede permitirse el lujo de ser el eslabón débil.

Tampoco debemos buscar enemigos donde no existen ni convertir cada acontecimiento en una conspiración internacional. Pero sí debemos mirar de frente a la realidad. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Argelia y Marruecos defienden sus intereses. España debe hacer exactamente lo mismo. Sin complejos. Sin subordinaciones. Sin miedo.

Porque quizá la pregunta más importante de todas no sea qué pretende Marruecos. Quizá sea: ¿Qué está dispuesta a hacer España para defenderse? Ceuta no puede convertirse en una moneda de cambio. Melilla tampoco. Y ninguna frontera española puede depender de la buena voluntad de otro Estado.

Cuando un país conoce que existe una amenaza, recibe información de sus servicios de inteligencia y, aun así, no adopta todas las medidas necesarias para prevenirla, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones.

No hacen falta teorías conspirativas. No hacen falta enemigos imaginarios. Hacen falta respuestas. Y, sobre todo, transparencia. Porque cuando en un asunto de esta gravedad quedan demasiadas preguntas sin respuesta, el silencio deja de ser una explicación.

Y entonces aparece la sospecha. Como escribió Michel Foucault: «Algo no debe saberse».