El Gobierno valenciano de Ximo Puig, ése al que el socialismo pone como ejemplo de gestión de la pandemia en contraposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ha sido condenado a indemnizar a los médicos de esa comunidad por dejarles desprotegidos en su lucha contra el coronavirus. La sentencia admite que la jurisdicción social es la que debe establecer tanto la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la falta de equipos de protección individual y protección colectiva, como el derecho concreto de los médicos a los que representa el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV, a ser merecedores de una indemnización derivada de haber trabajado sin la protección adecuada. Y va más allá: establece el derecho de los médicos a ser compensados por su trabajo en condiciones impropias y culpa a la Consejería de Sanidad de la nefasta gestión que todos los médicos padecieron. Un año después, el TSJ valenciano ha rechazado las múltiples trabas interpuestas por la Administración sanitaria, que llegó, incluso, a negar la evidencia de la situación vivida. La Justicia ha tumbado todas las alegaciones de la Generalitat valenciana, esa a la que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez coloca en el podio de la gestión frente a la pandemia. No parece, a tenor del pronunciamiento del tribunal, que estén para dar lecciones a nadie, porque han sufrido un bofetón judicial con la mano abierta.

Imaginemos qué estaría diciendo a esta hora el Ejecutivo de Pedro Sánchez de Isabel Díaz Ayuso si la justicia condenara al Gobierno de la Comunidad madrileña por dejar indefensos a los sanitarios y le reprochara su «nefasta gestión». Pues eso es exactamente lo que ha ocurrido con el Gobierno del muy socialista Ximo Puig. Mientras Sánchez prosigue con su ataque a Madrid y los madrileños, el presidente saca pecho por la gestión de un Gobierno autonómico socialista que ha sido condenado, precisamente, por su manifiesta y dolosa incapacidad.