Menos cuentos y más realidad para Cataluña

La fiesta de la Constitución ha puesto nuevamente sobre la mesa el falso debate sobre el “encaje” de distintos territorios de España dentro del Estado, en especial el denominado “problema catalán”. Las incesantes falacias vertidas desde hace 30 años obligan a dejar las cosas claras. El art. 2 de la Constitución indica que ésta “(…) se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)”. Establece que no existe otra nación que la española, descartando que España sea una Nación de Naciones o un Estado Plurinacional. Por su parte, Cataluña no es ni una Nación ni un Estado porque el texto constitucional así lo indica. Pero sobre todo por razones históricas y jurídicas, ya que no tiene una realidad histórica como reino y no puede considerarse una realidad jurídica como Nación independiente. Desde la modernidad, es una región o “comunidad autónoma” integrada históricamente en una única Nación que es España, a la que siempre ha contribuido para su vertebración.

Nación es una comunidad amplia con el fin de crear, sobre determinadas bases, vínculos de unión que provienen de elementos como la lengua, la cultura o la religión, compartiendo tradiciones y hechos históricos que conforman su historia. La Nación surge de las circunstancias históricas que la forman. Cataluña jamás podrá ser reconocida como tal, al ser sus elementos distintivos elementos identificativos de la Nación española. Estado es la agrupación humana en un territorio común, bajo una misma autoridad y normas, con reconocimiento internacional. Ni por historia ni por derecho, Cataluña puede ser un Estado. Pero lo que sea España es decisión de todos los españoles, pues la soberanía nacional nos corresponde solo a nosotros. La Constitución, en su art. 1.2 indica que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Determina una estructura de poder que tiene al pueblo español como una única realidad sociopolítica, como su fundador y legitimador. Es una “soberanía unitaria”, un “todo homogéneo” donde el pueblo español es poder constituyente, no a los territorios que la componen, descartándose la “soberanía compartida”.

Por mucho que se explique a los adalides del “soberanismo” su falsedad, no podemos desdeñar su capacidad de urdir nuevos pseudoargumentos pueriles y engañosos. El “derecho a decidir”, el “derecho de autodeterminación” o las “vías Quebec, Escocia y Kosovo” son prueba de ello. El Derecho a decidir es un eufemismo inexistente en el Derecho Internacional, en el Derecho Constitucional y en el Derecho Político comparado. Es antidemocrático, pues subvierte las reglas nacidas de un proceso constituyente fundado en la libre voluntad de los ciudadanos con escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas. La Constitución, frente a la inglesa, está protegida por el control judicial para que sus preceptos no puedan ser contravenidos. El Derecho de Autodeterminación está limitado por el Derecho Internacional. La Resolución 1514 rechaza todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país y la 2625 establece que no se autoriza ninguna acción orientada a menoscabar la integridad territorial de un Estado soberano.

Apelar a lo que sucede en Quebec es un engaño pues sus reivindicaciones proponen una fórmula de “soberanía para la libre asociación”, muy distinto a la Independencia. Y Kosovo como “camino” para la independencia de Cataluña es peligroso. Una dividida comunidad internacional encontró la fórmula de la independencia como solución a una guerra con centenares de miles de muertos. Su economía es una de las más subdesarrolladas de Europa, con una renta per cápita de 1.500 euros al año, frente a los cerca de 27.000 de Cataluña. ¿Contamos esto sr. Puigdemont? Y en Escocia, reino hasta que se une a Gran Bretaña en 1603, se pudo articular un referéndum con el resultado ya conocido. Pero fue posible porque el sistema jurídico anglosajón proviene de una constitución no escrita y con soberanía legislativa parlamentaria. Solo el pueblo español es el sujeto histórico que constituye la Nación Española, una realidad histórica que proviene desde la Reconquista.