Ley Trans: que luego no digan que no estaban advertidos

Ley Trans: que luego no digan que no estaban advertidos

Después de la experiencia de la ley del sólo sí es sí, la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la polémica ley Trans, ha visto definitivamente la luz en medio de la quiebra total del feminismo. La posibilidad de cambiar de sexo desde los 12 años sin contar con informes médicos o psicológicos y el hecho de que no se ponga límite alguno a esos cambios ha llevado a numerosos organismos, como el CGPJ, a advertir de las posibles consecuencias que para el «orden público» podrían suponer estos cambios ilimitados de sexo. Estamos ante una ley que es la expresión más palmaria del sectarismo ideológico y que permite que transcurridos seis meses desde la rectificación del sexo en el Registro, el interesado podrá recuperar su sexo inicial. Pero, además, podrá seguir promoviendo nuevas rectificaciones, sin límite. Bastará con que la persona lo solicite y un juez lo autorice.

En su informe, el órgano de los jueces expresó sus dudas sobre este «mecanismo de reversión de la rectificación» del sexo «sin sujeción a condición alguna» y «de forma ilimitada». Un hecho, alertaron los jueces, que afecta «al principio de orden público y a la estabilidad del estado civil de las personas», a su vez «estrechamente uncida a la seguridad jurídica, como principio constitucionalmente protegido». Por supuesto, las advertencias han vuelto a ser desoídas por el Gobierno de Pedro Sánchez que, como en la ley del sólo sí es sí, ha preferido no enfrentarse a sus socios en el Ejecutivo. Cuando vengan los problemas, que luego no digan que no estaban advertidos. Con la ley aprobada este jueves se reconocerá la llamada autodeterminación de género, es decir, la posibilidad de solicitar un cambio de sexo en el registro, de forma totalmente libre desde los 16 años. Entre los 12 y los 14 años, los menores tendrán que contar con autorización judicial, y de los 14 a los 16, estar acompañados por sus padres. No obstante, en caso de desacuerdos, se impondrá un «defensor judicial» que actuará en interés del menor. Bajo el mantra del progresismo, el Gobierno socialcomunista ha engendrado otra norma que puede volverse contra la mujer.

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