Un lamento desesperado

Los agricultores y ganaderos de nuestro país están desesperados. Llevan años quejándose de la mala situación que afrontan día a día para mantener sus negocios en pie. Las políticas ganaderas y medioambientales del Gobierno de Sánchez no funcionan y no lo hacen porque se han planteado a espaldas de las organizaciones agrarias sin atender a sus requerimientos.

Esto los ha llevado al límite.

Las políticas agrarias se deben diseñar desde el Ministerio de Agricultura, no desde el de Transición Ecológica; y no se puede legislar sin escuchar al sector primario, que reclama una política más flexible que no estrangule su actividad.

Agricultores y ganaderos, que no jardineros o cuidadores de mascotas, se levantan cada día, los siete días de la semana y los dedican a alimentar a sus reses y a labrar sus campos para que los ciudadanos tengamos los lineales de los establecimientos llenos de alimentos que luego llegarán a las mesas en nuestros hogares.

Y ¿qué reciben a cambio del Gobierno de España? Promesas incumplidas desde hace seis años, los mismos que la Sanchoesfera lleva dirigiendo nuestros designios.

Hay una falta de lealtad del Gobierno de España con el campo español palpable.

Se reducen en un 10% las ayudas de acceso a la PAC, 5.000 millones de euros menos, por la inoperancia del ministro Planas. Siguen sufriendo la subida de los carburantes por la negativa del Gobierno a bonificar el gasóleo industrial; la factura de la luz se dispara; no se mantienen rebajas energéticas; cada vez disponen de menos agua, no sólo por la sequía sino por el ataque del Gobierno Nacional contra la gestión del agua, como el caso de Madrid tras la modificación de los usos de la misma en el Plan Hidrológico del Tajo, que supondrá una reducción de los litros de agua para el abastecimiento de consumo humano y usos agrícolas.

Y a esto añadan los impuestos a los insumos, el impuesto al plástico y la nueva ocurrencia de los socios del Gobierno de Sánchez, el impuesto al Agro para seguir desangrando al sector primario.

Les conducen a la ruina.

El campo tiene claras sus necesidades. Necesitan un Plan de Choque, como el que ha presentado el PP estas semanas, que les ponga en el centro de su actividad, que flexibilice la PAC, eliminando la burocracia; que les permita poner en valor el mercado español en Europa, defendiendo sus productos y revisando las exigencias ambientales; un Pacto por el Agua que modernice las infraestructuras y no les haga morir de sed; que se amplíen las coberturas de los seguros agrarios; que les ayude a seguir generando empleo y crecimiento económico reformando el PERTE agroalimentario y, por supuesto, que se reduzca el IVA a los productos esenciales.

Quienes demostraron ser personal esencial en pandemia y Filomena se merecen el respeto de los legisladores, no ser acusados de contaminar o provocar el cambio climático. Necesitan que sus ganados estén protegidos ante la proliferación del lobo y las siembras cuidadas con el previo control de población de conejos.

El PP siempre ha demostrado estar del lado de los agricultores y ganaderos, bajando impuestos, flexibilizando las contrataciones, cumpliendo con leyes como la Ley de la Cadena Alimentaria, que también debe ser revisada para que los productores no vendan a pérdidas.

En la Comunidad de Madrid cuidamos el sector agrícola-ganadero. En febrero de 2020 se puso en marcha el Plan Terra, para incentivar el relevo generacional, con figuras como la del agroasesor, o el erasmus agrario, con canales de comercio directo para llevar los alimentos directos del productor al consumidor, con MadridRural, y otorgando ayudas para la modernización de maquinarias agrícolas.

Además, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha apostado por incentivar la digitalización de los entornos rurales para evitar la despoblación; por potenciar el turismo rural y el consumo de productos madrileños con denominación de origen, con la colaboración y participación de los productores y de las grandes cadenas alimentarias. Y así seguiremos.

Agricultores y ganaderos son aliados, no son una amenaza y así lo hicimos saber el pasado jueves en la Asamblea de Madrid sacando adelante una Proposición no de Ley instando al Gobierno de España a que se arremangue y a que luche por el sector.

En Europa deben saberlo. Ello es competencia estatal y al Gobierno de España le compete defender sus intereses, que son los intereses de todos.

Dejar a un lado los impuestos ideológicos y la intervención del mercado. O remamos todos a favor o condenaremos a muerte a quienes nos alimentan.

Es obligación de las instituciones tomar decisiones que garanticen las explotaciones agroganaderas con el cuidado y la protección que el medioambiente requiere, garantizando con ello el relevo generacional y el crecimiento económico del mundo rural. Si no se toman medidas, volveremos a escuchar su lamento.

Miriam Bravo es senadora y diputada en la Asamblea de Madrid.