La intolerable inseguridad de Palma
En una ciudad tan importante como es Palma -octava de España en número de habitantes- una de las cosas más relevantes es la seguridad. Tras estos ya casi ocho años de gobierno municipal de izquierdas, Palma ha pasado a estar en las peores posiciones en el ránking de ciudades inseguras. Además, la percepción de los ciudadanos es exactamente esa: en Palma se vive peor, con un grado de inseguridad intolerable. Puntos calientes como Ses Estacions o Plaza España no pueden seguir tan mal como están hoy día.
Y es que resulta que la Policía Local de la ciudad está en una situación lamentable. A la falta de personal se le une una situación realmente calamitosa en relación con la asignación de vehículos y material. Es conocido que faltan al menos unos 300 profesionales y que la quinta parte de los coches de la Policía Local no están operativos. El concejal del PP en Palma en materia de Seguridad, David Díez, nos confirma que la ciudad «está sufriendo las consecuencias de la anulación de la oferta pública de Seguridad Ciudadana de 2020». Y es que en aquel entonces se deberían haber incorporado 54 nuevos agentes a la Policía Local. «En los últimos años, las vacantes han aumentado de forma drástica debido a las jubilaciones. Sin embargo, no se están cubriendo dichas vacantes, lo que genera falta de personal».
Por si lo anterior no fuera suficiente, se añadió un proceso judicial por el cual más de 80 policías fueron imputados, 17 encarcelados y una veintena suspendidos de empleo y sueldo durante años. Y todo en un caso que finalmente se ha sobreseído para la práctica totalidad de ellos, con una imputación a los por aquel entonces juez y fiscal, a quienes ahora en sede judicial se les piden penas que superan los cien años de cárcel. Es por ello imprescindible trabajar duro para restituir la honorabilidad del cuerpo cuanto antes.
El Plan de Ordenación no avanza, el proceso de contratación del servicio de reparación de vehículos ha quedado desierto varias veces. Un no parar de despropósitos. Y aún peor: el escándalo con la empresa de notificaciones de multas, de la que se encontraron cientos de notificaciones oficiales tiradas en la vía pública, en un lugar de difícil acceso para que no se vieran. Un caos.
Desde el PP de Palma, nuestro presidente y candidato a la Alcaldía, Jaime Martínez, se ha comprometido a que, si gobierna, se tomarán una serie de medidas para mejorar la situación: se incorporarán 300 nuevos agentes a la Policía Local de Palma; se dotará al cuerpo de los recursos de material, equipamiento y vehículos necesarios; se impulsará la presencia constante de patrullas y agentes en los barrios, garantizando la vigilancia continua y una rápida respuesta en caso de necesidad; se impulsará nuevamente la policía de barrio y potenciaremos las Unidades de Intervención Inmediata -Unidad GAP y Unidad Motorizada- así como la policía montada.
Se aplicará el plan contra la okupación del PP de Baleares: recuperación de la vivienda en 24 horas a través de un protocolo de intervención rápida, coordinado entre administraciones; no se cobrará al propietario impuestos, tasas o suministros mientras tenga la vivienda okupada. Además, se excluirá a los okupas de poder recibir ayudas o acceder a viviendas de alquiler social y se creará una oficina de Defensa de la Propiedad Privada.
Los grafitis pasarán a considerarse en todos los casos infracciones muy graves. Se sancionarán siempre con la mayor cuantía permitida por ley -3.000 euros-. En el caso de pintar bienes patrimoniales, se derivará directamente a la vía penal.
Cambiar las cosas para bien es posible. Ya queda menos para conseguirlo. Y ese cambio vendrá de la mano del Partido Popular, con Jaime Martínez como próximo alcalde de Palma. Vamos por ello.