El intervencionismo del Gobierno ahoga los mercados de vivienda y de trabajo

Yolanda Díaz

El Gobierno prosigue con su intervencionismo en todos los ámbitos, perjudicando, con ello, a la economía en cada campo que interviene. El mercado de la vivienda lo tiene hundido, con una presión de la demanda y una escasez de oferta que se deriva de la limitación de suelo, al no liberalizarlo para permitir construir, y en la regulación de precios. Ello ha afectado tanto al mercado de compraventa como al de alquiler, donde los precios no dejan de subir al combinarse el aumento de demanda y la reducción de la oferta.

Frente a ello, debe liberalizarse el suelo y dejar de intervenir precios en el mercado, para que la oferta aumente y la demanda pueda distribuirse entre distintas zonas, que es lo que permitiría alcanzar una reducción de precios y un acceso a la vivienda de las generaciones más jóvenes.

Por otra parte, en el mercado laboral, el intervencionismo es intenso, con subidas del salario mínimo interprofesional y tramitación por urgencia de la normativa para reducir la jornada laboral, elementos que constituyen un inmenso error.

Ante esto, cabe recordar las medidas que serían necesarias en relación con ambas variables del mercado laboral.

  1. Salario mínimo: los salarios deben ligarse a la productividad, porque si se incrementan por ley por encima de la misma, hunde a las empresas, y, con ello, perjudica a quienes se quería beneficiar, los trabajadores afectados, pues si hay menos actividad se destruirán puestos de trabajo. Además, incentiva la economía sumergida y supondría una voracidad recaudatoria00 del Gobierno. En cualquier caso, la subida es imprudente y va contra la economía y el empleo y, por tanto, contra los propios trabajadores.
  2. Reducción de jornada: no puede reducirse la jornada laboral, porque no se está produciendo un incremento de la productividad, sino todo lo contrario. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste. Ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%. En 2024, al quedarse en 38,5 horas, el efecto en el empleo sería de una reducción del 1,1%.

La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno, que empeora con la subida del salario mínimo y la reducción de jornada: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación con el coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.

Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias. Por eso, el Gobierno debería tomar buena nota y no interferir negativamente en los distintos mercados, como el de la vivienda o el de trabajo, con medidas como la limitación de precios, el estrangulamiento del suelo, la reducción de jornada y la subida del salario mínimo.

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