Un independentismo pedigüeño

El Gobierno autonómico catalán que dirige Torra es claramente independentista, como todos sabemos. ERC, PDeCAT, la CUP y todo ese entorno que rodea a los condenados por el intento de golpe de Estado, que el Supremo ha dejado en delito de sedición pese a que la fiscalía pedía que se considerase como delito de rebelión, no deja de pedir la independencia de Cataluña a través de todos los medios de los que dispone.

Adicionalmente, se quejan desde diversas plataformas mediáticas, junto con los líderes de alguna otra región como Valencia, de que Madrid realiza “dumping” fiscal -algo que es falso, ya que ellos podrían también rebajar impuestos- y claman para que el Gobierno de la nación imponga un mínimo tipo de gravamen común en muchos impuestos, como el de Patrimonio o el de Sucesiones.

Por último, mientras consumen el tiempo de cada día pidiendo la independencia, alargan la mano, desde hace ya casi ocho años, para que la Administración General del Estado, vía ministerio de Hacienda y el Tesoro, cubran con deuda sus continuos desfases en el saldo presupuestario, pues la ortodoxia en las cuentas públicas no ha sido el punto fuerte del gobierno catalán, sino más bien todo lo contrario, ya que acumula un déficit tras otro en cada ejercicio. Si hubiesen puesto una milésima parte del empeño que tienen en el secesionismo en cumplir con el déficit, a lo mejor no estaban ahora tan agobiados por las deudas que tienen.

Es decir, el independentismo es pedigüeño. Es verdad que cuando los nacionalistas catalanes nos hacían creer que sus manifestaciones y demandas siempre iban a estar dentro de la Constitución no dejaban de pedir mejoras para su autonomía. Y es verdad que pedían las competencias, pero también lo es que no querían tener la responsabilidad de recaudar los impuestos, sino que simplemente querían que Madrid, como dicen ellos al referirse al gobierno central, les proveyera de fondos. Pues bien, ahora todavía es peor: no tienen pudor en pedir, año tras año, más dinero a la nación de la que quieren separarse. Ese hecho no es, desde luego, una ensoñación, sino la pulcra contabilidad que nos dice que algo más de las tres cuartas partes de los recursos de los mecanismos adicionales de financiación puestos en marcha desde 2012 por el Gobierno de la nación van destinados a financiar los gastos de Cataluña, porque la región catalana no cuenta con credibilidad en los mercados para colocar ella su propia deuda.

Y no cuenta con credibilidad en los mercados porque no ha hecho otra cosa, desde hace más de quince años, que aumentar mucho el gasto público, acumular deuda de manera exponencial por el montante desorbitado del déficit de cada año y, ahora, por su quimera independentista, que de fructificar dejaría a Cataluña arruinada. Esa gestión y ese riesgo se pagan, y el precio es que la deuda catalana tenga la calificación de bono basura y nadie la quiera comprar.

Por eso, los independentistas, pese a que son los más beneficiados por un Sistema de Financiación Autonómica que se diseñó desde el gobierno catalán en 2009, tienen que acudir a los instrumentos financieros del Gobierno del Estado al que tanto parecen odiar. No se dan cuenta -o se lo ocultan a sus seguidores- de que si consiguiesen, como dicen ellos, desconectarse de España, todo el peso de su inmensa losa de deuda caería sobre ellos, su PIB se reduciría cerca de un 25%, sus exportaciones se hundirían y el paro aumentaría hasta cifras que nunca tuvo Cataluña. Mucho independentismo y muy mala gestión, que deriva en la práctica pedigüeña a la que nos tienen tan acostumbrados.