Improvisación y demagogia en la política energética del Gobierno

La política energética europea -y, en cierto modo, de todo el mundo- ha sido una política poco pensada, llena de fundamentalismo medioambiental, muchas veces impulsada por intereses de determinados actores económicos, no por la lucha desinteresada para preservar el medioambiente.

De esa manera, se marcaron unos objetivos absurdos imposibles de cumplir, con la imposición, en un período muy corto de años, de la utilización exclusiva de las fuentes de energía renovables, cuando dichas fuentes no tenían desarrolladas de manera suficiente su tecnología para aprovechar, por ejemplo, la acumulación de la energía generada ni se habían perfeccionado lo suficiente para contar con costes más bajos que las hiciesen viables sin necesidad de que fuesen subvencionadas. Es cierto que se ha avanzado en la rebaja de su coste, pero todavía no a un nivel que las haga rentables.

Así, se buscó la eliminación de una serie de fuentes de energía, las fósiles, sin haber encontrado unas fuentes de energía alternativa que permitiesen realizar dicho cambio o, al menos, compensar ese déficit de energía en una transición. Por ello, nos encontramos con una demanda creciente, especialmente procedente de China, y una oferta mermada, al no contar con determinadas fuentes energéticas. La consecuencia es clara: menos producto y mayor precio, al tiempo que se incrementa la dependencia que tienen los países europeos de ciertos países productores de energía, como Rusia o Argelia, que genera inestabilidad, como hemos visto tanto con la guerra de Ucrania como con el permanente conflicto entre Argelia y Marruecos.

Como, además, se quería desterrar la energía nuclear -impulsado por Alemania, al ser la primera que apostó por ese error- y no se emplea el fracking para extraer gas, Europa queda como una economía dependiente de los exportadores de energía. Estados Unidos queda al margen, debido a que ha sido algo menos extremista en su fanatismo medioambiental que Europa y cuenta con recursos naturales que hacen que no dependa del resto en materia energética.

Ese error europeo, que, como digo, convirtió en fanatismo algo que podía ser razonable -¿quién no quiere conservar el planeta?-, al marcar unos objetivos imposibles de cumplir a costa, además, de empobrecer a su sociedad. La UE ahora parece que da marcha atrás, al incluir en su propuesta de energías verdes a la nuclear y al gas.

El Gobierno español, sin embargo, sigue encerrado en su dogmatismo y su improvisación, negándose a apostar por la energía nuclear, que España podría generar en abundancia y manteniendo la prohibición sobre la técnica del fracking, que también nos procuraría reservas de gas para varias décadas.

Con esa postura radical, el Gobierno del presidente Sánchez mantiene un fanatismo medioambiental absurdo a costa de empobrecer a los españoles. Ante ello, lo único que hace ahora es perfilar nuevas ocurrencias y prohibiciones, como ha anticipado: limitar la velocidad en carreteras y recomendar a los ciudadanos que pongan menos la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano. Es decir, la política energética del Gobierno se basa en su fundamentalismo y en decirles a los ciudadanos que pasen frío y calor para contener la demanda y el coste.

El Gobierno se equivoca una vez más. Su política es absurda, no está al nivel que se requiere y empobrece a los españoles haciendo que las familias no puedan pagar el recibo de la luz, llenar el depósito del coche o hacer la compra -por el impacto del precio de la energía en el conjunto de precios-, y arruinando a las empresas, que tienen que parar la fabricación y que perderán ventas y mercados. Es esta materia, como en tantas otras -por no decir en todas- es un Gobierno incompetente, que el mejor servicio que ahora podría hacer a España sería realizar la convocatoria de elecciones para dejar que lleguen al Gobierno otros que sepan afrontar los problemas y aplicar soluciones eficientes.