Iceta, un ministro para la deconstrucción de España

Si los planes del presidente del Gobierno llegan a buen término, pronto veremos a Miquel Iceta prometer en el Palacio de la Zarzuela lealtad a la Constitución y al Rey en el desempeño de su cargo de nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Veremos también a la ministra cesante, Carolina Darias, jurar o prometer su nuevo cargo de ministra de Sanidad. Y tras las elecciones catalanas veremos al exministro Illa comenzar la legislatura sentado en su escaño de portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña y la incógnita está en si días después pasa a ocupar uno de los escaños de la primera fila reservados al Gobierno de la Generalidad.

El mundo separatista espera con expectación esta remodelación del Gobierno que dista mucho de ser un mero cambio de cromos. Por vez primera, el ministro encargado de Política Territorial (antes llamado de Administraciones Públicas) será un socialista cuyos postulados no están muy alejados de los defendidos por los actuales socios independentistas del Gobierno. No es casual. Responde a una estrategia de Pedro Sánchez muy meditada y en modo alguno fruto de la improvisación.

Los nacionalistas no engañan a nadie sobre sus objetivos políticos. Ahí está la Declaración de la Llotja de Mar de Barcelona, firmada el 25 de octubre de 2019 por los independentistas catalanes, vascos y gallegos (BNG, Crida, CUP, Democrates, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca, Més per Menorca y PDCAT-JXC). Todos menos el PNV, que hace la guerra por su cuenta como interlocutor privilegiado de Pedro Sánchez. Pues bien, el primero de los puntos defiende “el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos” y entre los restantes brilla con luz propia “la libertad de los presos y presas políticos y el retorno de los exiliados y exiliadas”.  Todo ello después de constatar que el resultado de la Transición es un Estado “cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo”.

En cambio, no es difícil adivinar qué pasa por la mente de Pedro Sánchez. Analizando el sesgo ideológico del social-sanchismo desde que consiguió acceder a la secretaría general del partido, todo induce a pensar que el presidente se siente atraído por la ideología fundacional del Pablo Iglesias decimonónico expresada en el Manifiesto de 1888, que a su vez coincide plenamente con la ideología comunista bolivariana del actual Pablo Iglesias. La vicepresidenta Calvo, tan experta en Memoria Histórica, sin duda sabe –y se lo habrá contado a Pedro Sánchez- que en el XIII Congreso del PSOE celebrado en Suresnes en 1974, donde fueron elegidos Ramón Rubial, Felipe González y Alfonso Guerra, como presidente, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, se acordó “el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades ibéricas”, punto desarrollado en un documento aparte.

En él se aclaró que la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado Español, comporta “la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con los restos de los pueblos que integran el Estado Español”. El ejercicio de tal derecho se enmarca “dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación”. Y en este contexto, el PSOE aboga por “la constitución de la República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado español”.

Se dirá, y con razón, que el PSOE renunció a tales postulados en el proceso constituyente de 1978 al aceptar que la soberanía reside en el pueblo español, la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria y la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles Esto significa que los territorios que puedan ser considerados como nacionalidades tan sólo tienen derecho al ejercicio del derecho a la autonomía en los términos establecidos en el marco de sus respectivos Estatutos.

Más aún. Sabemos, porque lo ha reiterado públicamente, que Pedro Sánchez está convencido de que la Constitución otorga “al menos” a Cataluña, el País Vasco y Galicia la condición de nación. Parte de la premisa –falsa- de que las Cortes constituyentes acuñaron la idea de que España es una “nación de naciones”. Esta posición de Sánchez es congruente con los últimos pronunciamientos del PSOE sobre esta cuestión. Me refiero a la Declaración de Granada, de 6 de julio de 2013, titulada “Un nuevo pacto territorial: la España de todos”, y a la Declaración de Barcelona del 14 de julio de 2017, que contiene el acuerdo alcanzado sobre esta materia entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC.

Y también sabemos que a Sánchez –lo dijo el 22 de abril de 2017- le gustaba “el resumen” que hacía Miquel Iceta de la Declaración de Barcelona. En ambas Declaraciones se proclama la necesidad de una reforma constitucional para convertir España en un Estado federal y reconocer su plurinacionalidad y, por tanto, la condición de nación de Cataluña, “sin afectar –se dice textualmente– a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía”, que es tanto como pretender la cuadratura del círculo. La reforma culminaría en la creación de un Senado federal después de poner patas arriba el Título VIII de la Constitución en materia competencial.

La Declaración de Barcelona contiene una serie de propuestas para el desarrollo del Estatuto de autonomía de Cataluña que, de llevarse a cabo, convertirán a la Delegación del Gobierno en la ciudad condal en una especie de embajada del Estado español, dado que éste quedaría desposeído de la práctica totalidad de las escasas funciones que ahora ejerce, salvo en lo relativo a su generosa aportación para la financiación de las grandes infraestructuras catalanas. Como colofón defiende “una reforma profunda de nuestra Constitución” para “renovar el pacto político, social y territorial que nos dimos en 1978”.

La puesta en libertad de los condenados por sedición es, sin duda, un suceso de primera magnitud, aunque después de lo ocurrido en el Capitolio que parece el preludio de la caída del Imperio de la democracia, Sánchez debiera reflexionar. No lo hará porque el indulto no es un fin en sí mismo, sino una medida para poder sentar en la mesa de negociaciones al líder del partido al que las encuestas sitúan como primera fuerza en las elecciones del 14 de febrero. A partir de ahí, quizás Sánchez pretenda ganar tiempo debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Los que sin duda no están dispuestos a ello son los socios del Gobierno, incluida Unidas Podemos, que lo único que pretenden es negociar la celebración del referéndum de autodeterminación. A no ser que empiecen –como lo hace el PNV en el País Vasco- por expulsar al Estado de Cataluña –más todavía– para que la independencia caiga como fruta madura.