Al Gobierno le preocupa más la salud de los presos que la de los funcionarios de prisiones

Al Gobierno le preocupa más la salud de los presos que la de los funcionarios de prisiones

Una cuarta parte de la plantilla -la mitad en cárceles como Castellón 2- que componen los funcionarios de prisiones no ha recibido aún ni una sola dosis de la vacuna contra el Covid, una situación que adquiere ribetes surrealistas si se tiene en cuenta que la población reclusa ya está siendo inmunizada. O sea, el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska discrimina a los funcionarios de prisiones en relación con los internos de la cárceles españolas, una situación injusta que ha llevado a CSIF a denunciar el evidente agravio comparativo.

Es cierto que la la vacunación es competencia de las comunidades, pero no lo es menos que la obligación del Ministerio de Interior es velar por la salud de este colectivo y advertir del disparate que se está produciendo a los responsables del Ministerio de Sanidad. Lo que resulta incomprensible a todas luces es que los responsables de la vigilancia de los presos estén sin inmunizar y que todas las vacunas que están llegando a las cárceles sean para los reclusos. Por supuesto que estos tienen que ser inmunizados, pero lo que no se entiende es que los funcionarios estén siendo discriminados.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han pactado una estrategia de vacunación que, en lo que se refiere al colectivo de funcionarios de prisiones, supone todo un agravio. ¿Con qué criterios sanitarios se establece que un preso tiene prioridad sobre un funcionario? ¿Qué motivo ha llevado a los responsables del calendario de vacunación a dar preferencia a unos sobre otros? El ministerio de Grande-Marlaska no puede lavarse las manos y argumentar que ellos no tienen nada que decir. Su obligación es preocuparse por la salud de sus funcionarios, especialmente la de un colectivo que trabaja en unas condiciones cada vez más precarias. El ministro, tan preocupado por el traslado de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, tiene la obligación de intervenir para solucionar un asunto que es, objetivamente, inaceptable.

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